El mismo día que tenía anunciada la orden de desahucio firmó el alquiler social. El mismo día que le ha quitado el sueño durante meses marca ahora una nueva oportunidad. Ese día, el día D, fue ayer, 11 de febrero. Desahucio y firma del alquiler social. Todo estaba previsto para el mismo día. Desahucio no hubo, pero el contrato de alquiler sí se firmó. Así, una familia vulnerable, formada por una madre víctima de violencia machista, sin trabajo y con tres hijos de 10, 8 y 5 años tiene ahora un piso. Y se sienten como si les hubiese tocado la lotería.
Se trata de la familia que vivía en una casa sin ventanas en plena ola de frío, sin calefacción (ni posibilidad de caldear una vivienda sin cristales), con tres menores en su interior. Se trata de Raquel Marco, la mujer que denunció su caso en Levante-EMV mientras pedía a voz en grito una solución habitacional que no llegaba. Pero ya ha llegado. Justo un mes después de la publicación de su caso en este periódico. De 11 de enero a 11 de febrero. Pero la espera ha merecido la pena. Raquel agarra con fuerza las llaves de su nuevo piso y cierra los ojos. Ahora sí. Ahora, todo cambia. «Gracias, gracias, gracias», repite.
Aunque el juzgado le había asegurado a la familia que el desahucio estaba paralizado -sabedores de que la familia había sido adjudicataria de un piso social- la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) València mantuvo la convocatoria de concentración para ayer «por si acaso». «No sería la primera vez que dicen que no van a ejecutar un lanzamiento y sí lo hacen. Nunca se sabe», explica Arturo Peiró, un vecino que ha ayudado a Raquel (y a otros muchos vecinos) con distintos trámites y gestiones. Por eso, Antonio Lázaro -que no es el padre de los tres menores pero sí vive con ellos al ser pareja de Raquel desde hace años - se quedó en el piso okupado del barrio de Orriols donde vivían desde mayo de 2018, por si llegaba el secretario judicial y luego no podían recoger sus pertenencias, o debían firmar algo. La policía acudió a la cita -por la convocatoria de la PAH- pero nadie del juzgado pasó por allí.
El contrato soñado
Mientras su pareja esperaba en la casa sin ventanas, propiedad de un banco, Raquel fue ayer a las oficinas de la Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVha) para firmar su alquiler social, tras entregar toda la documentación pertinente y pasar a ser «la primera de la lista» por la precariedad en la que vivía. La EVha es la entidad pública empresarial adscrita a la Conselleria de Vivienda (antes denominada EIGE e Ivvsa) que gestiona el parque público de la Comunitat Valenciana.
Cuando Raquel vio el contrato de alquiler que tenía que firmar no se lo podía creer. El contrato significa pagar 10 euros al mes (el 90 % del alquiler lo pagará la conselleria), abonar una fianza de 100 euros y pagar unos gastos de comunidad de 8 euros. Así, durante cinco años. «Esto es un sueño, una vivienda legal que me garantiza esa vida digna que me prometían porque nadie puede imaginar lo que significa vivir como vivíamos, sin ventanas, sin suministro eléctrico, con una orden de desahucio que te deja en la calle y con tres niños pequeños que no quieres que sufran. Ahora respiro tranquila, ahora ya tenemos techo y ventanas, esto sí que cambia la vida. Es como si te tocara la lotería», explica Raquel. Y recorre su nueva casa y anota todo lo que tiene que hacer. «A ver, dar de alta la luz y el agua, eso lo primero; los portalámaras, las bombillas...», detalla.
El piso que les ha proporcionado la Conselleria de Vivienda que dirige Maria José Salvador está en otro barrio, en otro distrito, pero «eso no nos importa. Nos levantaremos antes para coger el transporte público y llevar a los niños al colegio que está en Torrefiel. Ahora tenemos una oportunidad real de cambio».
