Pepi Granados tiene 62 años y ningún ingreso. Cero euros al mes. En septiembre de 2018 perdió su último empleo. Cuidaba a una persona mayor y cobraba 320 euros por trabajar todas las tardes de la semana de 16 a 22 horas, con dos euros la hora por un empleo sin derecho a paro que cuando acabó la dejó en la indigencia. No vive «debajo de un puente» porque tiene una vivienda en propiedad. Es más, la última vez que cobró la anterior Renta Garantizada de Ciudadanía (cerca de 800 euros) la destinó íntegra a pagar el IBI «porque no podía fraccionar el impuesto y además me sancionaron por los impagos». En esa casa vive con uno de sus hijos, que cobra 450 euros por dar clases de patinaje. Este mes lo han pasado solo con 150 euros disponibles ya que «pagamos 300 euros a la comunidad de vecinos porque esta deuda se nos estaba haciendo demasiado grande».
Pepi ha aprendido a hacer malabarismos para sobrevivir. Come con otro de sus hijos -al que le cuida a su nieta- y la ayuda que recibe la invierte en saldar las deudas que acumula. Ahora espera la Renta Valenciana de Inclusión y mientras llega «me han dicho que recibiré la ayuda de emergencia de 400 euros para alimentos, pero no la cobraré hasta dentro de dos meses».
Para las personas sin recursos como Pepi el invierno son palabras mayores. Su consumo eléctrico es mínimo. Duerme en un saco de dormir, enchufa los radiadores «lo justo» y ni repone las bombillas que se funden. Cada vez que veía la factura de la luz se echaba a temblar y ahora entiende por qué las personas más pobres «se la juegan con enganches al suministro, porque es imposible pagar estas facturas. Y eso que tengo el máximo descuento». Pepi es una de las más de 159.900 personas de la Comunitat Valenciana que se benefician del bono social eléctrico, unas ayudas del Gobierno central que bonifican parte del recibo a personas con las rentas más bajas. No es fácil conseguirlo. Hay que ser pobre. Pero muy pobre.
Sin embargo, estas ayudas tienen «truco». Así lo aseguran desde Facua-Consumidores en Acción al asegurar que el descuento del 25 % o del 40% que anuncia el ministerio -en función del grado de vulnerabilidad de los usuarios- «no es real ya que se aplica sobre el consumo, no sobre el total de la factura. Por eso estos ridículos descuentos ni siquiera sirven a día de hoy para paliar la subida interanual del recibo, que asciende ya al 16%».
Pepi es ejemplo de este «engaño» que denuncia la entidad de consumidores. En su caso, el descuento eléctrico es de 13,95 euros. «En la última factura, sin bonificación, pagué 56,17 euros. En la factura con bonificación he pagado 54,90 euros. Aunque es verdad que ha hecho más frío y puse los radiadores dos noches, por lo que el consumo subió 10 euros más con una potencia contratada de 5 kw. Pero, vamos, que la gente pobre se mira mucho el consumo. Los que no tenemos dinero no consumimos energía porque no la podemos pagar. Me esperaba una reducción real del 40% sobre los 50 euros que pague la última vez, pero esto tampoco lo puedo pagar. Y sino pago, me quedo sin luz. Hay que mirar si comer o calentarse, no hay otra», denuncia.
Un «rotundo fracaso»
Desde Facua lamentan que el Gobierno «haya recurrido a una engañifa para falsear las características de un bono social absolutamente impresentable que fue diseñado por el Ejecutivo anterior». Por ello, reclaman que ponga en marcha un nuevo modelo de tarifa totalmente regulada a la que puedan acogerse la gran mayoría de familias «en lugar de volver a introducir retoques en un modelo de bono social que ha sido un rotundo fracaso. Un bono al que sólo pueden acogerse usuarios con un nivel adquisitivo excesivamente bajo -salvo las familias numerosas- y en el que se aplican descuentos miserables».
