Las tres diputaciones provinciales fueron invitadas desde 2016 a participar en la elaboración del anteproyecto de la Ley de Servicios Sociales Inclusivos, la normativa estrella de la conselleria que dirige la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ya aprobada en las Corts y que presentó recientemente en la Universidad de Alicante ante cerca de un millar de personas vinculadas a la prestación de estos servicios ciudadanos básicos. Sin embargo, la norma, que está en vigor, no ha contado con ninguna aportación de la diputación alicantina, que ha evitado entodo momento colaborar en las distintas fases de elaboración de la legislación autonómica.
La institución provincial -en manos del PP- y Generalitat Valenciana-dirigida por PSPV y Compromís con el apoyo de Podemos- llevan enfrentadas desde principios de este mandato. Los fallidos decretos del Consell de Turismo y Deportes para controlar las competencias de la Diputación y las posteriores medidas para avanzar en el vaciado de sus funciones han terminado creando un clima de tensión absoluta y un alto nivel de incomunicación.
La consecuencia ha sido que la institución alicantina ha boicoteado iniciativas como el Fondo de Cooperación Municipal, ha polemizado con las ayudas a los escolares de Xarxa Llibres, ha saboteado la propuesta para avanzar en la normalización del valenciano y la enseñanza del inglés y ha emprendido una batalla judicial apelando contra los decretos autonómicos que han afectado al funcionamiento provincial.
En lo referente a la ley que blinda los servicios sociales, a finales de mayo de 2016 se pidieron aportaciones desde la conselleria de Oltra a toda la ciudadanía y se construyeron los primeros grupos de trabajo, sin que la Diputación de Alicante hiciera ningún movimiento al respecto. Tampoco lo hizo entre diciembre de 2016 y septiembre de 2017, cuando la Conselleria pidió participación a través de la elaboración de fichas en torno a diferentes aspectos de la ley. Desde octubre de 2017 a noviembre de 2017 se invitó a la diputación de alicantina a participar a través de enmiendas, pero tampoco hubo respuesta. El mismo caso omiso ha hecho la Diputación de Castellón, también en manos del PP.
