El Consell de Ximo Puig y Mónica Oltra se apunta a los viernes sociales y tiene previsto aprobar mañana el decreto ley de la estrategia contra la despoblación y para rescatar a ayuntamientos en quiebra. El proyecto viene de hace año y medio atrás, pero ha tenido al final una plasmación diferente a la planeada al principio.
El ejecutivo del Botànic ha decidido sacar adelante el decreto ley a pesar de que se han disuelto ya las Corts y la legislatura está en el tiempo de descuento antes de los comicios del 28 de abril.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha levantado las iras de la oposición con la aprobación de iniciativas de este tipo en los últimos consejos de ministros, cuando ya rige la convocatoria de elecciones generales el 28A. Son los llamados «viernes sociales», que la Junta Electoral Central ha avalado a pesar de que PP los recurrió porque consideraba que este tipo de decretos «de marcado contenido político y social» influye en el criterio de los electores.
Como sucede con los proyectos del Gobierno de Madrid, el decreto ley del Consell contra la despoblación y en apoyo de los municipios con dificultades económicas deberá ser convalidado por la diputación permanente de las Corts, dado que la Cámara está disuelta. No es el único decreto ley que tendrá este recorrido: Puig anunció ayer uno en favor de los afectados de la empresa textil Ardystil tras reunirse con ellos y sus familiares.
PP y Ciudadanos ya criticaron el plan contra la despoblación cuando el jefe del Consell lo volvió a poner en la mesa de debate a principios de febrero. Lo rechazaron por electoralista y lo calificaron de «brindis al sol», ya que abarca un periodo de cuatro años, hasta 2023, cuando no es seguro que sigan PSPV y Compromís en el gobierno valenciano.
El proyecto, en manos de la dirección de Administración Local que lleva Antoni Such (imbricada en Presidencia), prevé una inversión total de 240 millones. Una parte iría destinada a la treintena de municipios en quiebra económica. Otra sería para aquellos en emergencia por despoblación.
El decreto ley, que se ha retrasado algunas semanas por cuestiones de agenda del pleno del Consell, incluye la compra por parte de la Generalitat Se considera en esta situación a los que tienen un nivel de deuda viva igual al 110 % de los ingresos corrientes.
Presidencia confía en contar con el apoyo de los socios de gobierno para llevar mañana el plan al pleno del Consell y validarlo después en la diputación permanente de las Corts. El decreto ley ha pasado la fase de exposición pública sin alegaciones de las conselleries y solo con algunos retoques de la Abogacía.
La lucha contra la despoblación es uno de los objetivos reiterados de Puig, si bien Podemos ha puesto énfasis en la urgencia de otras medidas (las diputaciones, la reversión del hospital de Dénia, el conflicto de los VTC...) que continúan a la espera.
