Con los partidos de izquierda jugando sus cartas para llegar en mejor posición a la negociación final del nuevo Pacte del Botànic (del Montgó o como se tenga que llamar) y que no se firmará hasta pasadas las elecciones municipales y europeas del 26 de mayo, el discurso oficial de los tres partidos estos días pasa por elaborar primero las líneas maestras de los próximos cuatro años, lo que llaman el «qué» y el «cómo».
A la vista de los programas electorales que PSPV, Compromís y Podemos presentaron a las elecciones autonómicas del 28 de abril se pone de manifiesto que ya existen numerosos puntos clave de la negociación que no llevará mucho tiempo fijarlos en el pacto porque son prácticamente coincidentes en las tres formaciones.
En materias como Turismo, Sanidad, Educación, Agricultura, Medio Ambiente o la reclamación al Estado en materia de financiación o deuda histórica hay un eje troncal y un denominador común claro que se va a plasmar en acuerdo final. Así las cosas, el «qué» al que apelan los partidos cuando quieren evitar hablar de nombres ya tiene líneas maestras que están muy claras porque en ellas coinciden los tres partidos que gestionarán el primer Consell tripartito de la historia.
Temas como la ordenación de los alojamientos turísticos, mayor número de inspecciones o un control más estricto de las profesiones relacionadas con este sector, la lucha de las «kellys» por ejemplo, son algunas de las políticas que generan consenso. El avance de la gratuidad en las escuelas infantiles también tiene el apoyo de las tres patas del nuevo Botànic por lo que será otra de las políticas que aparezca como prioritarias. También en materia educativa, avanzar en el plan Edificant, el programa de eliminación de aulas prefabricadas que ha sido una de las asignaturas pendientes del nuevo Botànic y uno de los ejes de la crítica de la oposición, va a ser otra de las iniciativas que aparezca negro sobre blanco en el nuevo pacto.
Igual ocurre con la reversión de la privatización del hospital de Dénia, algo en lo que los tres partidos del Botànic están de acuerdo y darán máxima urgencia porque supone también otro de los incumplimientos de la pasada legislatura, igual que el plan de choque contra las listas de espera sanitarias, otra de las cuestiones donde el Pacte del Botànic ha tenido un agujero esta legislatura y que ha dado gasolina en los debates de la campaña electoral a los partidos de la derecha. Será pues otra de las prioridades del «qué». También en Sanidad hay aquiescencia por parte de los tres en impulsar políticas que avancen hacia la gratuidad de la salud bucodental y la progresiva incorporación a la sanidad pública de este tipo de servicios.
Algunas cuestiones relacionadas con el Medio Ambiente también generan conformidad ya antes de sentarse a negociar por lo que no será complicado generar complicidades. Se trata de impulsar las políticas en la lucha contra el cambio climático. En el detalle de las políticas medioambientales es donde pueden existir diferencias y fricciones entre los socios. De hecho ya ocurrió la pasada legislatura que algunos de los planteamientos realizados por Podemos, como la instalación del sistema de devolución y retorno de envases (el polémico SDDR) o la misma tasa turística (Compromís lleva en el programa su estudio para ayudar a mitigar los efectos de la presión turística) y el canon a las bebidas azucaradas, generaron rechazo de los socialistas.
También existe asentimiento entre los partidos en la aprobación de una ley valenciana sobre bienestar y tenencia de animales por lo que la lógica invita a pensar que formará parte del pacto. Tampoco parece complicado dar prioridad a demandas de Podemos como la de revisar la normativa sobre caza y protección animal o la dotación de ayudas públicas a organizaciones animalistas y, en materia agrícola, las tres formaciones llevan en su programa la exigencia al Gobierno de participar en las inspecciones que la UE realiza a países terceros sobre las remesas de frutas que llegan desde estos destinos.
La exigencia al Gobierno central de financiación, deuda histórica o compensanciones por los años de déficit inversor o sobre infraestructuras como el corredor mediterráneo son plenamente compartidas por los tres, así como el avance hacia una plena agencia tributaria valenciana con competencias en la recaudación de impuestos propios y planes de combate contra el fraude fiscal. Más complicado de poner en marcha será por contra peticiones de Podemos como la auditoría ciudadana de las políticas del primer o del segundo Botànic que ya en el pasado quedaron en un cajón ante la dificultad de su desarrollo.
Otra de las fricciones que pueden producirse llegaría por la intención de los socialistas de poner en marcha la ampliación de nuevas plazas de residencias y centros de día mediante la colaboración público-privada, algo de lo que Podemos no quiere ni oír hablar. Esta formación también aspira a la recuperación pública de las resonancias. La formación morada asimismo propuso en campaña la creación de una Conselleria de Feminismos y LGTBI, una agencia de igualdad salarial, una empresa pública de energía o la reversión del ciclo integral del agua para una gestión pública y de transición energética que habrá que ver que implantación tienen en el nuevo Consell.
Podrían generar fricciones en la negociación algunas de las promesas electorales como la del presidente Ximo Puig de matrícula gratis para los universitarios que aprueben el curso completo y que Compromís prefiere que se otorguen de forma progresiva según la capacidad económica de cada alumno. Igual que algunas de las planteadas por Podemos como la prohibición de la difusión en medios de comunicación de espectáculos que promocionen el maltrato animal (taurinos) o la reversiones de las plazas de toros en centros culturales.
