Las ayudas a la cooperación internacional que convocaba anualmente la Conselleria de Solidaridad que dirigía Rafael Blasco se valoraban por parte de una unión temporal de empresas (UTE) formada por Broseta Abogados Sl & Inversiones y estudios Caaz SL y, posteriormente, por la mercantil Expande, sucesora de Caaz.
Para seleccionar las ONGD que debían resultar adjudicatarias de las ayudas, la evaluadora realizaba un ranking o clasificación tras puntuar las ofertas de proyectos que presentaba cada ONG. En esta fase incipiente es donde se produjo la presunta manipulación para que resultaran ganadoras las ONGD «afines» a la trama presuntamente creada por el empresario Augusto César Tauroni.
El responsable de la UTE y su mano derecha, Luis Fernando Castel y Jesús Urkiza Delgado, respectivamente, declararon ayer por estos hechos en el juicio del caso Blasco, acusados de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, asociación ilícita y falsedad documental. Castel no ha llegado a ningún acuerdo previo que le permita rebajar la pena, tras admitir los hechos y reparar el perjuicio causado. Jesús Urkiza sí ha suscrito una conformidad con la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía de la Generalitat.
Los dos antiguos colaboradores han demorado su declaración hasta conocer los detalles del acuerdo alcanzado por Urkiza. Pero ayer, a pesar de sus situaciones antagónicas, los dos admitieron la clave que permitió el desfalco de las ayudas a la cooperación: que modificaban los rankings de ONGD a petición de la Conselleria de Solidaridad. Y que esos cambios se los solicitaba el exjefe del área de Cooperación, Marc Llinares, que también ha admitido los hechos en este segundo juicio, tras haber sido absuelto en el primero. «Nos dicen en la conselleria que hay que modificar», asegura Urkiza que le ordenaba Castel. «Llinares era como nuestro controller y ejecutábamos sus instrucciones: 'Baja cinco, sube seis'».
Unas modificaciones que no se basaban en ningún criterio objetivo, admitieron el responsable y el trabajador de Caaz y Expande. Aunque ambos negaron haber recibido alguna dádiva o, incluso, saber que detrás de las ONGD beneficiadas estaba la Fundación Hemisferio, la matriz de la trama orquestada presuntamente por Tauroni.
El último investigado en declarar fue Félix Sanz, administrador de Gestión Solar Pobla SL, quien sólo respondió a su abogada para defender que su empresa sólo estuvo abierta de 2005 a 2008 y que, sin actividad, no podía facturar, por lo que no pudo aportar facturas falsas. El próximo martes seguirá el juicio con las declaraciones de los testigos.
