De los 542 municipios que conforman la Comunitat Valenciana, 299 presentan riesgo de inundaciones, aunque en un 55 % de los mismos existe un riesgo «bajo» o «excepcional» que estadísticamente se puede concretar cada 500 años. Se trata de uno de los puntos de conflicto, ya que los ayuntamientos que recurrieron el decreto del Gobierno cuestionan ese periodo. Sin embargo, el abogado del Estado es bastante crítico, al recordar «que no es el más alto en los países de la Unión Europea, sino que en la mayoría de ellos se utiliza el período de hasta 1.000 años». Además de desestimar el recurso de Albal, Aldaia, Alfafar, Manises, Massanassa, Picanya, Quart de Poblet y Xirivella, se les impone las costas del proceso, que ascienden a 4.000 euros más el IVA, a favor de la administración del Estado.
Unos costes prohibitivos
Con el nuevo reglamento, en vigor desde el 30 de diciembre de 2016, todo el territorio con riesgo bajo sufre limitaciones. Se prohíbe construir por debajo de la cuota de inundación y solo con garajes estancos cuyo coste de construcción resulta prohibitivo, no se permiten edificios de servicios y no se autorizan determinadas actividades. Lo cierto es que la guía técnica de usos en zonas inundables editada por el entonces Ministerio de Medio Ambiente, advierte sobre las restricciones a edificaciones que puedan incrementar la vulnerabilidad de las personas y bienes frente a avenidas. Con claras limitaciones al uso hospitalario, el residencial público, docente, residencial vivienda, administrativo, comercial, industrial, o los aparcamientos.
Negativa al centro de salud
Beniparrell, por ejemplo, es una de las localidades más afectadas por el nuevo mapa de inundabilidad, ya que compró un solar por casi un millón de euros para construir el nuevo centro de salud y ahora la conselleria le deniega el permiso para construir porque está en suelo inundable. En Albal, por ejemplo está el caso del plan general que recalifica 2 millones de metros cuadrados para uso residencial.
