El presunto trato de favor de Francisco Camps a la trama Gürtel hará que se siente de nuevo en el banquillo de los acusados. Probablemente el próximo año, si los recursos que va a presentar no lo remedian. El exjefe del Consell se enfrentará en este nuevo trance judicial a dos años y seis meses de cárcel, la pena que solicita para él la Fiscalía Anticorrupción para él, por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y fraude a la administración.
Los hechos de los que se le imputan tienen que ver con su «amiguito del alma» del que ahora reniega, Álvaro Pérez «El Bigotes». La Fiscalía le acusa de haber beneficiado, supuestamente, a la empresa Orange Market en la adjudicación del stand de Fitur 2009, la empresa de cabecera del Partido Popular, según el escrito de acusación al que ha tenido acceso Levante-EMV. El Ministerio Público también pide que se inhabilite a Camps para cualquier empleo o cargo público durante diez años, según el escrito de acusación.
Este stand de grandes eventos en Fitur de 2009 fue el banderín de enganche en la pieza de los contratos menores al que se cogió la Fiscalía Anticorrupción y el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata para volverlo a investigar en una pieza separada de la trama Gürtel, siete años después de que un tribunal popular lo absolviera en la conocida como «causa de los trajes».
Aunque durante todos estos años la sombra de la duda de ser la presunta «X» que permitió a la trama Gürtel campar a sus anchas durante cinco años en la Comunitat Valenciana siempre ha perseguido al exjefe del Consell, miembro del Consell Jurídic Consultiu. De hecho, la la Fiscalía Anticorrupción señala en su escrito que las empresas de Francisco Correa «se asentaron en la Comunitat Valenciana a partir del año 2003 gracias a la red de influencias de Francisco Camps, no sólo para la organización de actos del Partido Popular, sino también con el objetivo de conseguir una posición ventajosa en la convocatoria y adjudicación de contratos públicos relativos a eventos que pudieran ser organizados por la Administración autonómica valenciana».
El Ministerio Público añade que Camps facilitó a Álvaro Pérez el acceso a altos cargos de la administración autonómica con poder decisorio e intervención destacable en la tramitación, adjudicación y ejecución de los expedientes de contratación de Fitur y otros eventos, quienes siguiendo instrucciones del presidente de la Generalitat posibilitaron que dicha mercantil obtuviera ilícitamente contratos de publicidad, organización de congresos, ferias y eventos de administraciones y entes públicos dependientes de la Generalitat». Sobre estos hechos ya pesa una condena, declarada firme por el Supremo, por la que acabó en la cárcel la exconsellera Milagrosa Martínez y su círculo más cercano de colaboradores.
Sobre Fitur 2009 (el único contrato que no ha prescrito para Camps) la Fiscalía Anticorrupción considera que, a instancias del exjefe del Consell, la exdirectora general de Promoción Institucional, Dora Ibars, hizo de «enlace» entre la trama Gürtel y las entidades públicas para que la construcción del stand se encargara a las empresas de la Gürtel «sin tramitar procedimiento de contratación y sin respetar los principios de transparencia, publicidad y concurrencia». Tanto la Fiscalía como el juez José de la Mata creen que esta última adjudicación se hizo para compensar la deuda de 800.000 euros que el PP tenía con Orange Market desde las elecciones de 2007.
El PSOE ve malversación
El PSOE, que ejerce la acusación popular en esta pieza también dio ayer a conocer su escrito de acusación en el que pide una condena de 9 años de prisión para Camps, por un delito continuado de malversación en concurso con prevaricación y otro delito de tráfico de influencias por la adjudicación del stand de Fitur 2009 de la Generalitat a Orange Market. Los socialistas también solicitan 15 años de inhabilitación absoluta y 16 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para el expresidente de la Generalitat.
El PSOE considera que Camps ejerció un papel «decisivo», ya que que habría sido «imposible» que se produjese la adjudicación en Fitur a la trama Gürtel «sin las indicaciones directas y personales» del entonces presidente de la Generalitat. En el mismo escrito el PSOE también recuerda las penas que solicita para otros consellers investigados en esta causa: tres años y seis meses de prisión para Alicia de Miguel, 16 meses de cárcel para Manuel Cervera y Luis Rosado, entre otros, por los contratos que adjudicaron a las empresas del grupo Correa.
