Huyen de sus países porque su vida corre peligro. Piden asilo. Buscan refugio. Pero el proceso dura entre dos años y dos años y medio. Y no garantiza la protección definitiva ya que según datos de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) solo se acepta una de cada cuatro solicitudes de protección internacional. Mientras tanto, piden ayuda a las entidades que trabajan con solicitantes de asilo. Pero el sistema está tan saturado que solo les queda tocar otra puerta: la de las entidades que trabajan con la pobreza, como Casa Caridad, donde reconocen que un perfil nuevo de usuario ha entrado a formar parte de la entidad.
Hoy se celebra el Día Mundial de las Personas Refugiadas y Levante-EMV entrevista a dos familias que han solicitado protección en España. Y lo hace en Casa Caridad porque las dos familias, como tantas otras, son usuarias de la escuela infantil de la entidad.
«Nuestro trabajo se centra en personas sin hogar o en exclusión social pero hace tiempo que trabajamos también con solicitantes de asilo porque el sistema está saturado y necesitan ayuda, sobre todo en las escuelas infantiles y en el comedor», explica la coordinadora de trabajo social en Casa Caridad, Cristina Sánchez. En 2018, el Gobierno tenía 78.710 solicitudes de asilo por resolver y 31.620 eran de personas de Venezuela. De ese país es la primera familia de este reportaje. Se llaman Ronny Manuitt y Cauris Abreu de Manuitt y tienen dos niños, Sofía (5 años) y Román (2 años).
Ronny explica la dureza de la vida en Venezuela, la inseguridad, el miedo, la corrupción, la falta de libertades, la extorsión. Su hermana vivía en España y le instaba a venir, pero Ronny se negaba. «Nadie quiere abandonar su país. Lo haces cuando ves que tu vida y la de los tuyos corre un riesgo real», explica. Trabajaba con un camión y un día fue interceptado por la comisión de la policía estatal.
«Me esposaron, me colocaron de rodillas, me retuvieron durante horas ejerciendo sobre mí un 'psicoterror'tremendo con un mensaje claro: o nos das la mercancía o te matamos aquí mismo. Amenazaron con dañar a mi familia y les di lo que querían. Eran policías corruptos y no podía acudir a nadie. Me dijeron que no debía decirle a nadie ni que me habían detenido ni lo que allí había pasado. 'Por mi bien', claro». La Policía lo dejó libre cuando Ronny les dio lo que querían: 70 sacos de azúcar de 50 kilos cada uno. 20.000 euros. «Cuando volví a casa le dije a mi mujer que preparáramos el viaje que nos íbamos todos, incluido mi hermano pequeño que vivía (y vive ahora en València también) con nosotros», asegura.
Vendieron lo que tenían, reunieron dinero y se marcharon. Ronny se quedó un año más en Venezuela. «No había dinero para que pudieramos viajar todos», explica. Llegó a València el pasado 12 de marzo. Primero vivieron con la hermana de Ronny, pero ahora ya viven de alquiler. Cauris trabaja, Ronny busca empleo, Sofía ya va al «cole de mayores» y Román acude a diario a la escuela infantil de Casa Caridad.
A esa misma escuela infantil también va Alisa Kibets, una pequeña y sonriente niña rubia que llego a València junto a su padres y hermana Afina el 6 de octubre de 2018 tras un eterno viaje en autobús que duró dos días desde Ucrania. Su padre, Anatolli Kibets trabajaba en una empresa de sistemas de seguridad. Su madre, Juliia Seliutina era profesora de alemán. «En Ucrania no se puede hablar ruso, que es nuestra lengua, ni en el ámbito familiar. La policía vigila e inspecciona los trabajos, los colegios, las viviendas... y si te pillan hay detención y cárcel. Teníamos miedo. Por eso huimos».
La familia vive en un hostal de Cruz Roja junto a 12 familias más. Solo en su habitación son tres familias. «Aquí estamos solos, pero vivimos tranquilos, sin miedo, pensando en las niñas», concluyen. Y las miran. Y ellas sonríen. Y les hablan, sin miedo, en ruso.
