En la recta final del segundo juicio por el caso Blasco, más de una treintena de personas representantes de diferentes entidades sociales y ONGD convocadas por la Coordinadora Valenciana de Ongd y el Observatori Ciutadà contra la Corrupció, se ha concentrado ante la Ciutat de la Justicia en València bajo el lema "Caso Blasco: seguimos limpiando la corrupción", para pedir justicia efectiva ante el expolio de los fondos destinados a la cooperación con los países empobrecidos, dirigido entre los años 2008 y 2011 por el entonces conseller Rafel Blasco y su amigo el empresario Cesar Augusto Tauroni.

Con gritos de "el poble valencià contra la corrupció" y "on estàn els diners de la cooperació?" las personas concentradas han pedido que se garantice en la sentencia la devolución de los más de 4 millones de euros desviados de 23 proyectos de cooperación con comunidades empobrecidas de 11 países, incluidos las afectadas por el devastador terremoto que sufrió Haití en 2010.

También han pedido que "no se lance el mensaje de que robar sale gratis". "Pedimos una sentencia proporcionada con la gravedad y la inmoralidad de los delitos cometidos, porque creemos que está quedando acreditado, por las declaraciones de los testigos, y por las pruebas documentales que están en la causa, que Blasco y Tauroni crearon y dirigieron una banda criminal para manipular los procedimientos para la concesión y control de fondos a proyectos de cooperación, y desviarlos para su propio lucro con la compra, como mínimo, de yates y apartamentos de lujo, que se sepa", explica Lourdes Mirón, presidenta de la Coordinadora Valenciana de ONGD.

"Creemos que los acuerdos alcanzados por la Fiscalía con los principales acusados no garantizan ni la devolución de los fondos robados ni la justicia en el caso de corrupción más repugnante que ha padecido la Comunitat Valenciana. Por eso, defenderemos en las conclusiones del juicio que el tribunal no se ciña a esos pactos y falle de acuerdo con los principios de justicia y responsabilidad que rigen nuestra sociedad", afirma Carles Xavier López, portavoz de la campaña #JusticiaCasoBlasco de la Coordinadora Valenciana de ONGD.

Según consta en la instrucción de la causa, para quedarse con los fondos destinados a la cooperación Blasco y Tauroni operaron a través de un entramado de 20 empresas y falsas ONGD creadas específicamente para delinquir, falseando documentos e informes, presionando a funcionarios o cesando a los que se resistían a respaldar con sus firmas actos delictivos. Esa forma de actuar quedó ya acreditada en el primer juicio de este caso, por el que Blasco fue condenado a seis años y seis meses de prisión (de los que ha cumplido 3 años y 7 meses), y 20 años de inhabilitación absoluta.

En este segundo juicio, la Coordinadora Valenciana de ONGD, como acusación popular, pide para el empresario Tauroni 22 años de prisión, 16 para Blasco y 14 años para Marc Llinares, funcionario afín al exconseller, que en el época en la que se cometieron los delitos era el jefe del Área de Cooperación Internacional en la consellería dirigida por Blasco.