Si el Consell fuera confesional, hoy estaría cincelando ese dicho popular de que Dios aprieta pero no ahoga. Pongan Gobierno central donde dice Dios y la frase vale tal cual. Andan los responsables del ejecutivo tripartito valenciano preocupados por la situación de las arcas públicas, porque el presupuesto de este año contempla 1.500 millones más de ingresos y hay más de 700 con los que (por ahora) no puede contar a causa de la inestabilidad política en Madrid, y se acaban de encontrar con 252 millones caídos del cielo.
La inyección, que no estaba prevista en este momento, llegó el pasado jueves, han asegurado fuentes del Consell, y corresponde al FOGA anual, el fondo con el que se compensa a las comunidades por la atención médica a ciudadanos extranjeros. Por este concepto entraron el año pasado 84 millones y en fecha diferente. De ahí la sorpresa.
La Conselleria de Hacienda presupuestó por una entrada de 300 millones por esta atención, pero era un ingreso en tela de juicio ya que el año anterior fue mucho menor. Con estos 252 millones en el bolsillo, el ejecutivo valenciano considera que recibirá el total previsto (los 300 millones íntegros).
Este fondo es diferente del que ha sido noticia los últimos días, el FOGA histórico, que es el que corresponde al pago por la asistencia a pacientes de otras comunidades autónomas. Tanto Ximo Puig como Mónica Oltra han aireado la deuda que el Gobierno central mantiene con la C. Valenciana por 344 millones por este concepto.
Presidente y vicepresidenta han respondido con este argumento a la última carta del Ministerio de Sanidad pidiendo un plan de ajuste a la Administración local ante el aumento del gasto sanitario (en prótesis y renovación de material tecnológico, principalmente). No es el primer mensaje de este cariz que llega desde Madrid y ha soliviantado a los responsables políticos valencianos, que ven cómo sus cuentas se descuadran entre otras cosas por la falta de un Gobierno estable en España, pero el ejecutivo en funciones sí actúa para exigir restricciones del gasto a algunas autonomías, la valenciana entre ellas.
Como publicó el pasado martes este diario, la perspectiva es la de un «invierno» financiero pase lo que pase en septiembre en Madrid. No obstante, existen matices. El peor escenario es una repetición de elecciones, porque supondría que no habría gobierno, a la vista de los trámites reglamentarios, hasta 2020. Y sin un ejecutivo constituido no se pueden aprobar las entregas a cuenta del sistema de financiación, que son 450 millones en el caso valenciano, a los que hay que unir otros 281 millones por un mes de IVA no previsto en las cuentas de Cristóbal Montoro, cuyos últimos presupuestos son los que se arrastran prorrogados dos años después.
El mejor escenario para los intereses económicos del Consell, dentro de lo que cabe, sería un gobierno de coalición, porque significa una mayoría estable con la que poder aprobar unos nuevos presupuestos, que aumenten las inversiones en la C. Valenciana al tener que equivaler estas a lo que representa la población valenciana (el 10,6 %), y plantear una reforma del modelo de financiación autonómica. Con un ejecutivo en minoría, las dos últimas circunstancias estarían en el aire.
Con este panorama a la vista, la Conselleria de Hacienda ha empezado a aplicar una «cirugía fina» a los presupuestos de este año. «No se trata de que el gasto no vaya a crecer, que lo va a hacer irremediablemente, sino de contener este crecimiento ante la perspectiva de no recibir todos los ingresos previstos del modelo financiero», señalan fuentes del ejecutivo. El punto de mira está en las partidas pendientes de ejecutar y los altos cargos de Hacienda ya han empezado a sentarse con los responsables de las distintas conselleries.
El último informe de contabilidad nacional, correspondiente al mes de mayo y hecho público la semana pasada, refleja que el déficit público valenciano ha aumentado en 326 millones si se dejan al margen los anticipos del sistema de financiación (han entrado en la caja 181 millones menos que en 2018 hasta el citado mes).
Si se acude al detalle y no se computan las operaciones financieras, se observa que los ingresos son idénticos a los registrados un año antes (6.574 millones de euros) y que el desfase se produce por el aumento de los gastos: 507 millones que en mayo de 2018.
Claro que, y ahí está el foco de la tensión de las cuentas públicas valencianas, la Generalitat presentó en 2019 unas cuentas expansivas, que preveían un aumento considerable de los ingresos (1.500 millones en todo el ejercicio). Esa perspectiva es la que está bajo amenaza por los 450 millones perdidos (casi sin remedio) de las entregas a cuenta y los 281 millones del mes de IVA. Suman en total más de 700, sin contar aumentos previstos por dependencia.
