El anuncio del Gobierno de España de permitir que 35 municipios de la ribera del río Tajo formen parte de la comisión de explotación del trasvase Tajo-Segura, lo que puede abrir la presencia de nuevos actores en el órgano que decide los trasvases, ha generado ya roces en el Consell.
La consellera de Agricultura y Desarrollo Rural, Mireia Mollà, dejó ayer clara su intención de presentar un recurso ante los tribunales contra la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica sobre una infraestructura clave para la economía valenciana, en especial para la provincia de Alicante. En una entrevista en À Punt Ràdio, Mollà aseguró que su departamento se enfrentará al Gobierno en funciones de Pedro Sánchez en los tribunales en el momento en que la propuesta se materialice en forma de acuerdo o decreto que pueda impugnarse.
Sin embargo, fuentes socialistas descartaron la posibilidad de llevar ante los tribunales al Gobierno de España porque, en su opinión, la inclusión de estos municipios en el órgano técnico no cambia en nada las aportaciones del Tajo a las comarcas alicantinas, que están garantizadas por ley, en función de la disponibilidad de la cuenca cedente y las decisiones definitivas no las adopta la comisión técnica sino el Consejo de Ministros. En el PSPV insisten en que no hay motivo de preocupación por esa decisión.
Los socialistas insisten en culpar al PP de crear un conflicto artificial desde Alicante con el agua y aseguran que no van a contribuir con declaraciones a amplificarlo.
Sin embargo, Mollà centró ayer sus críticas en el Gobierno de España y en la decisión de la ministra Teresa Ribera, que Mollà considera «equivocada» y a la que reclamó una rectificación antes de acudir a las tribunales. La consellera asegura que si se formaliza el acuerdo entre la ministra y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, de sumar a los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía a la Comisión, recurrirán en los tribunales, además de desvelar ayer que ya ha pedido una reunión. «Entenderemos que no nos representa, que puede ir contra los intereses de los valencianos y puede pervertir esa Comisión de Explotación que tiene carácter técnico», sostiene.
Sin crítica a la cumbre de Murcia
Para la titular de Agricultura supone un error politizar una comisión que debe ser exclusivamente técnica. Sin embargo, la consellera evitó hacer sangre de la cumbre popular del lunes en Murcia entre el Gobierno autonómico y el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, que no entiende como una deslealtad institucional.
Sí indicó que lo correcto hubiera sido que Mazón le llamara. «Juntos tendríamos más fuerza», añadió aunque criticó que la reunión se celebrara sin más fin que volver al «politiqueo barato» y sólo sirva de puesta de escena de ambos mandatarios.
Mientras, Mollà también reiteró ayer el apoyo de la Generalitat Valenciana a los regantes en sus reivindicaciones de no soportar los costes de amortización del postrasvase Júcar-Vinalopó.
Así lo trasladó en una reunión con la Comunidad General de Usuarios del Mitjà y Baix Vinalopó y l'Alacantí, según informa la administración autonómica en un comunicado. Mollà defiende que no es justo que sean únicamente los regantes quienes amorticen el trasvase que sirve para recuperar los acuíferos de todos. Ante el carácter medioambiental de la obra, señala que el Plan Hidrológico del Júcar permite que se les exima de las amortizaciones.
