El bloqueo en el Congreso de los Diputados y la imposibilidad de alcanzar un acuerdo para la formación de un Gobierno no solo paraliza proyectos de corte político o legislativo, sino también de carácter económico. Y amenaza también con provocar ciertos ajustes en partidas de gasto que las comunidades autónomas están intentando que afecten en la menor medida posible a apartados básicos. Es la consecuencia de que no existan Presupuestos Generales del Estado en este ejercicio. Un problema que está dilatando, sin fecha, las entregas a cuenta de Hacienda a las autonomías, recursos que rondan alrededor de 5.000 millones.
Pero, ¿qué son estas entregas a cuenta? Lo explica el economista Ángel de la Fuente, director de Fedea, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada: «Vienen a ser los adelantos que hace el Estado mes a mes a las CCAA de régimen común de la parte que les corresponde de los impuestos compartidos que recauda la Agencia Tributaria estatal y de ciertos fondos del sistema de financiación. Estas cantidades se fijan en los Presupuestos del Estado en base a un cálculo aproximado de lo que se espera recaudar. Una vez acabado el ejercicio se hacen cuentas ya con datos reales y la diferencia se abona en la liquidación del sistema de financiación».
Ahí se incluyen, sobre todo, conceptos como la tarifa autonómica del IRPF y el IVA, pero también tributos sobre el alcohol, el tabaco, los hidrocarburos o la electricidad. En el ejercicio del año 2018, supusieron un montante global de casi 100.000 millones para las autonomías de régimen común, todas salvo País Vasco y Navarra, territorios forales que cuentan con su propio marco tributario.
El mecanismo habitual recoge que, tras el abono de esos anticipos, que se transfieren de forma mensual desde el Estado a la de las autonomías, se realiza a posteriori un nuevo cómputo para comprobar si el pago se ajustaba a lo que correspondía y, si procede, hacer un nuevo ingreso o detraer de las arcas de las comunidades una determinada cantidad. «El problema es que en este año no se han aprobado los Presupuestos Generales del Estado, y esas entregas no se han podido actualizar. Este año hay más ingresos que el pasado y se están haciendo a las comunidades unos adelantos provisionales de dinero que son menores de lo que les debería corresponder. A largo plazo no pasa nada, porque ese problema se corrige con la liquidación que se hace después, pero eso va a ser dentro de dos años. Mientras tanto, las autonomías reciben menos dinero del que les corresponde, aunque tampoco mucho menos. Es un problema más contable que real», añade el profesor De la Fuente.
Además de esos 5.000 millones, también existen otra cantidad próxima a los 2.500 millones en concepto de IVA. Las transferencias del Estado mediante las entregas a cuenta pueden suponer más del 70% del presupuesto de una comunidad. Ante estos retrasos, las comunidades están reclamando al Gobierno que agilice esas transferencias, pero la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha supeditado esta cuestión a la constitución de un nuevo Ejecutivo, ya que el actual no puede hacerlo al estar en funciones y no tener aprobados unos Presupuestos.
Esta situación puede traer consigo recortes en partidas de gasto de las comunidades -el pasado viernes el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, habló de ajustes en una entrevista en la Cadena Ser- que se están esforzando en transmitir el mensaje de que esos hipotéticos recortes no afectarían a materias como la sanidad o la educación. No obstante, sí pueden condicionar el pago a proveedores o nuevas inversiones. Y también el cumplimiento de los objetivos de déficit de los territorios.
Esta situación se produce de manera paralela al resurgimiento del debate sobre el modelo de financiación autonómica, que autonomías como la Comunitat y las englobadas en el Noroeste (Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria) solicitan, de manera periódica, reformar. «El problema del sistema es que es francamente incomprensible. Es uno de los problemas institucionales más graves que existen hoy en España», resalta Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas. A su juicio, es básico definir el marco regulatorio de los impuestos, de manera que «cada ciudadano sepa a donde va a parar lo que paga y pueda exigir conforme a ello». «Llevamos retraso en la revisión de un modelo muy complejo. Los partidos deberían poner encima de la mesa su propuesta. Estamos perdiendo la percepción de la realidad, y es que hay una caja única del Estado», aclara.
