El PP de la Comunitat Valenciana propone ahora cambiar el reglamento de Explosivos y la Inspección Técnica Complementaria número 26 de la citada normativa que regula los actos festivos de arcabucería y pólvora de los municipios, con el objetivo de frenar la inflación en el precio del explosivo y de facilitar su transporte y manejo por parte de los festeros. Sin embargo, esta normativa se gestó y aprobó hace un par de años cuando Mariano Rajoy era presidente del Gobierno y se comenzó a aplicar en la Comunitat con el popular Juan Carlos Moragues como Delegado del Gobierno.
La semana pasada el PPCV anunció que presentará mociones en todos los ayuntamientos valencianos con tradición arcabucera y para hoy hay prevista una rueda de prensa con los diputados Felipe Carrasco y Luis Martínez para dar a conocer «iniciativas parlamentarias de apoyo a la celebración de fiestas en las que se utiliza pólvora tras los problemas por el incremento del precio en las últimas semanas».
El propio Felipe Carrasco, tras reunirse con representantes de diversas entidades festeras, anunció la semana pasada que solicitará al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo -cuya titular en funciones es la socialista Reyes Maroto- que «se arbitren las medidas necesarias para mejorar la ITC 26» en la línea de ampliar el tiempo de tenencia de la pólvora y de que el tranporte y precitando pueda ser realizado por los tiradores. Los populares valencianos «olvidan» que la normativa que proponen cambiar o modificar ahora fue redactada, elaborada y aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, hace poco más de 2 años. En concreto fue la vicepresidenta y ministra de Presidencia y Adminisitraciones Territoriales, Soraya Sáez de Santamaría, la que firmó el Real Decreto 130/2017, del 24 de febrero, que regula el Reglamento de Explosivos y que se aprobó en el BOE el 5 de marzo de 2017. La ITC 26 figura en su articulado final y amplía todo lo relacionado con el uso de la pólvora negra en «Manifestaciones festivas con uso de armas de avancarga». El Real Decreto incluyó una moratoria de casi 2 años, que finalizó en diciembre de 2018, para que las entidades festeras tuvieran tiempo de adaptarse a los aspectos más exigentes de la nueva legislación relacionados con la pólvora.
