La ley de medidas fiscales de la Generalitat, más conocida como ley de acompañamiento de los presupuestos, suele ser un cajón de sastre que sirve año tras año para abordar reformas legales con urgencia y sin necesidad del trámite parlamentario ordinario. Es también una oportunidad para modificar o crear tasas y fijar precios públicos, una de las fuentes de ingresos de la Generalitat, en torno a 1.500 millones de euros al año. Y, además, según épocas, para aprobar bonificaciones fiscales. En época de recortes y con una situación sin resolver de infrafinanciación, el arranque del Botànic II no estará marcado precisamente por las rebajas fiscales. Las diferencias entre PSPV y Compromís ha obligado a Hacienda a retrasar el anuncio del presidente Ximo Puig de bonificar el impuesto de sucesiones para la empresa familiar, pero también el incremento del impuesto a los bancos por los préstamos hipotecarios.

En la primera ley de acompañamiento de la nueva legislatura la oportunidad de lograr recursos extraordinarios que permitan paliar las tensiones de tesorería futuras y obtener liquidez para pagar a proveedores vendrá por otras vías. De un lado, con las oposiciones en el sector sanitario y en el de la policía local; y de otro, con los excedentes monetarios del sector público.

En el primer caso, el proyecto normativo contempla una subida al alza de las tasas para presentarse a las oposiciones de Sanidad. Con esta medida se equiparan las tasas a las que se pagan por una prueba en función pública. Hacienda es consciente de que a las ofertas de empleo público que se avecinan (miles de ellas) se presentará un aluvión de opositores. La realidad es que Sanidad carece de recursos suficientes para hacer frente a esta avalancha de pruebas, por lo que es un manera de compensar un gasto extra en la actual situación de penuria financiera. Lo mismo ocurre con las tasas para las pruebas selectivas previas a las oposiciones que preparan los ayuntamientos para cubrir plazas de policía local. Se espera también miles de aspirantes.

El Consell introdujo por ley la exigencia de varios requisitos previos para poder presentarse al examen, entre ellos pruebas físicas y psicotécnicas. Las tasas para ambos casos (23 euros en cada caso) se han mantenido intactas, pero el Consell ha puesto precio al requisit del curso de capacitación que debe impartir la Agencia Valenciana de Seguridad (Ivaspe): 250 euros que sí o sí deberá pagar quien aspire a ocupar plaza de policía local.Estas tasas son independientes de las que, además, deben aponar a las corporaciones locales que convocan plazas. Por otro lado, Hacienda ha optado por explorar una vía alternativa para salir al paso de la situación agónica en que se encuentra la Tesesoría, una falta de liquidez que aboca al abismo de los impagos.