Un exministro del Interior, del PSOE y de profesión fiscal, para tumbar las diligencias derivadas de la operación Alquería, el procedimiento judicial que sacudió a PSPV y Compromís en la anterior legislatura ante las sospechas de corrupción.
El alcalde de Ontinyent y expresidente de la Diputación Provincial de València, Jorge Rodríguez, ha entregado un escrito al juzgado del caso Alquería por el que solicita la comparecencia como testigos de los dirigentes del PSPV y Compromís que negociaron la estructura de su gobierno. La petición responde a la estrategia de defensa diseñada por Antonio Camacho, exministro del Interior del PSOE, al que Rodríguez y su equipo han encargado el asunto.
En concreto, según consta en la petición, el abogado de Jorge Rodríguez ha solicitado al juez que cite a las personas que construyeron la estructura administrativa de la empresa pública Imelsa, en la actualidad Divalterra, tras las elecciones municipales y autonómicas del año 2015.
Entre los testigos propuestos destaca el exalcalde de Gandia José Manuel Orengo (PSPV); la actual vicepresidenta, Maria Josep Amigó (Compromís); la secretaria autonómica de Eficiencia y Tecnología Sanitaria, Concha Andrés (PSPV); el exdiputado socialista de Chella Pablo Seguí; además de Josep Bort y Xavier Rius, ambos de Compromís.
En caso de acordarse la diligencia, dichos testigos serán interrogados sobre el conocimiento de los hechos que se investigan, y en especial, en lo relativo a la estructura de cargos directivos de la empresa pública Divalterra.
Desde su detención
Así, Jorge Rodríguez ha encargado el peso de su defensa a Camacho. El exministro del PSOE asistió a Rodríguez durante las primeras horas tras su detención en junio de 2018, tal como publicó La Razón, pero finalmente el alcalde de Ontinyent también ha confiado en Camacho la responsabilidad de su defensa en la fase de instrucción. El exdirigente socialista compartirá la defensa con otro abogado de la comarca de la Vall d'Albaida.
Antonio Camacho, miembro de la Unión Progresista de Fiscal (UPF), de la que llegó a ser presidente en 2003, entró en el primer Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero en 2004 de la mano del también jurista José Antonio Alonso, quien le nombró secretario de Estado de Seguridad en Interior. El exministro Alfredo Pérez Rubalcaba le mantuvo en el puesto durante su etapa e incluso le promovió como su sucesor al frente de Interior en 2011. Camacho fichó por un despacho de abogados tras dejar el ministerio.
¿Por qué el abogado de Rodríguez solicita ahora estas comparecencias? Según razonaron ayer fuentes de la defensa a Levante-EM, para acreditar que la contratación de los directivos de Divalterra, militantes socialistas y de los partidos que integran la coalición Compromís, no suponían ningún gasto adicional para la empresa pública.
Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción considera en su denuncia inicial que el exdirigente socialista creó una «estructura de gobierno paralela a la auténtica voluntad del consejo de administración» de Divalterra, «formada sólo por los consejeros miembros de los partidos políticos que sustentan a la Diputación Provincial, no amparada en los estatutos y que evidencia el desplazamiento de las funciones que corresponden al consejo de administración». En la causa figuran numerosos correos que describen «los artificios buscados para tratar de amparar los contratos ».
Tras alzarse el secreto de sumario, Rodríguez salió del PSPV y se presentó a la Alcaldía de Ontinyent por un partido independiente, La Vall ens Uneix. Rodríguez arrasó en su comarca y consiguió un diputado provincial.
