La comisaría de Zapadores de València es el único puesto habilitado para poder formalizar las solicitudes de asilo y protección subsidiaria. Se trata de una entrevista donde la persona migrante le expone a un agente del Cuerpo Nacional de Policía el porqué necesita protección internacional.
Una vez rellenado el formulario y la entrevista, el solicitante de asilo contará con la denominada «tarjeta roja», un documento que lo identifica y protege, mientras se resuelva su expediente. Así deja de ser una persona «sin papeles» o en «situacioón irregular».
La protección de una persona solicitante de asilo no es total, pero sí temporal hasta que el Gobierno decida si le concede o no la protección demandada. Tres de cada cuatro solicitudes son rechazadas, según informes de la Comisión Española de Ayuda la Refugiado (CEAR).
Sin embargo, tras solicitar protección, el migrante entra a formar parte del sistema de asilo y puede disponer de una plaza de acogida gestionada por las entidades sociales. A los seis meses de esa entrevista, se renueva la «tarjeta roja» y puede trabajar.
La entrevista es, pues, el punto de partida, la clave y el inicio de miles de migrantes que llegan a España en busca de protección internacional. Y cada vez hay más demora para conseguir una cita en Zapadores. Los retrasos para solicitar la entrevista han pasado de seis meses a un año. Y las entidades sociales y los expertos lanzan la voz de alarma ante un sistema colapsado que deja en la «más absoluta desprotección a uno de los colectivos más vulnerables».
Desde la asociación española de Abogados Extranjeristas, Francisco Solans, denuncia que las personas migrantes se encuentran en el limbo «durante más de un año porque en la comisaría de Zapadores no dan cita para antes y eso es un drama porque esas personas se ven condenadas a la economía sumergida y a la más absoluta desprotección. No se puede consentir un plazo de un año para pedir asilo. Hablamos solo de la solicitud, de la petición, y hablamos de personas que huyen de sus países porque su vida corre peligro. Hablamos de refugiados y vemos cómo las cifras aumentan y el sistema está completamente colapsado».
Solans recalca que las personas solicitantes de asilo «no pueden estar un año esperando y en plena exposición a ser expulsados cuando ni tan siquiera han tenido la oportunidad de pedir protección». Sin embargo, ni el tema es nuevo ni va a menos, sino todo lo contrario. «Primero la demora era de 6 meses y ahora ya se supera el año», concluye.
Entre enero y agosto de este año, España ha registrado 73.601 solicitudes, un 74 % más que durante todo 2018. La previsión es que en diciembre se superaren las 100.000. Hasta ahora, el asilo solo se concede en España a un 4 % de las personas que lo solicitan.
