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Análisis

Un tercio del recorte autonómico corresponde a la C. Valenciana

Así queda reflejado en el informe titulado Plan Presupuestario 2020 del Reino de España

El Consell del Botànic ha tratado estos días de minimizar el impacto en las cuentas públicas del Plan Económico y Financiero (PEF) presentado al Ministerio de Hacienda reforzando la idea de que, a diferencia de los recortes realizados por el Ejecutivo popular, las retenciones de crédito a los presupuestos de 2019 solo afectan a 364 millones de euros, es decir, el 1,6 % de las cuentas consolidadas.

Ahora bien, comparado con el resto de comunidades autónomas que también se han visto obligadas a ajustar sus cuentas, el esfuerzo del Ejecutivo valenciano es muy superior al del resto. De hecho, casi un tercio de todos los recortes realizados por las comunidades autónomas corresponden a la valenciana. Así queda reflejado en el informe titulado Plan Presupuestario 2020 del Reino de España publicado por el Ministerio de Hacienda.

El documento, en el que se hace un recorrido por el cuadro macroeconómico y los escenarios de déficit público como marco para la elaboración de los presupuestos de 2020, el Ministerio de Hacienda desvela algunos detalles de los planes de ajustes requeridos a las autonomías por vulnerar la ley de estabilidad.

En su conjunto, un total de 15 comunidades autónomas han tenido que meter la tijera en las cuentas públicas, bien a través de cierres anticipados del presupuesto, bien acuerdos de no disponibilidad o retenciones de crédito. A fecha de 15 de octubre y según las cifras oficiales, las medidas para reducir el gasto tienen un impacto global de 1.150 millones de euros. De esta cantidad, 364 corresponden a recortes en las cuentas valencianas, es decir, el 31 % del total.

El informe, en el que se admite que la falta de Presupuestos Generales del Estado y la existencia de un Gobierno en funciones, está abocando a algunas comunidades a prorrogar sus cuentas públicas, hace otra mención específica a la Comunitat Valenciana. En concreto, considera una medida de gasto «negativa» las relacionadas con la renta de inclusión dentro del ámbito de la dependencia.

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