La Inspección de Trabajo no ha detectado ninguna irregularidad en las subvenciones de la Generalitat a las empresas del hermano del presidente de la Generalitat. El Ministerio de Trabajo ha emitido un informe en el que señala que tras el examen de la documentación, la actuación inspectora finalizó sin que se constatara ninguna irregularidad en las subvenciones en cuestión. Incluso notificó hace un mes el archivo de la denuncia presentada por el PP, aunque los populares aseguran que no tienen constancia de esa notificación de archivo.
Esta mañana, el PSPV ha pedido la dimisión de la número dos de los populares valencianos y síndica adjunta del PP en las Corts, Eva Ortiz, al considerar que ha manipulado documentación y ofreció el lunes una información parcial en la rueda de prensa en la que informó de una investigación abierta por la Inspección de Trabajo por las subvenciones concedidas a empresas de Francis Puig, hermano del presidente, Ximo Puig, en el marco del programa Avalem Joves.
Ortiz aseguró el lunes que la Inspección de Trabajo mantenía abierta una investigación a las empresas Mas Mut y Comunicaciones Els Ports, vinculadas a Francis Puig tras la denuncia presentada por el PP. Incluso consideró que podía haber un delito contra los derechos de los trabajadores y fraude en las subvenciones.
Sin embargo, la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social ha confirmado la ausencia de irregularidades, así como que no se han incumplido los requisitos establecidos para su reconocimiento ni que las ayudas hayan sido destinadas a fines distintos de los previstos legalmente. También lo hizo ayer el Ministerio de Trabajo. La conclusión de la actuación inspectora tras el examen de la documentación contenida en los expedientes administrativos existentes en el Servef descartaba irregularidades.
El diputado socialista José Muñoz ha criticado que Ortiz entregara documentación parcial y que diera una información como veraz cuando era una mentira para intentar generar una situación absolutamente falsa para dañar la imagen del presidente en campaña electoral. Además, ha censurado que la diputada del PPCV no haya rectificado un día después y haya intentado confundir de nuevo, en su intervención de ayer, por lo que solo cabe en este caso la dimisión, defienden los socialistas porque se ha producido mala fe en una parlamentaria que está obligada a decir la verdad.
Los socialistas se declaran hartos de esta persecución política a Puig y a su familia, que no es de ahora, ya que según recuerdan ocurría cuando este denunciaba casos de corrupción en la Diputación de Castellón y el entonces presidente provincial, Carlos Fabra, le eliminó el sueldo.
Muñoz ha circunscrito la denuncia en el ámbito de la debilidad interna de Isabel Bonig y Eva Ortiz en el PP de Pablo Casado y ha insistido en que la popular aseguró el lunes que el expediente seguía abierto pero tanto desde la Conselleria como desde el Ministerio se ha informado de la conclusión sin detectar irregularidades.
Sin embargo, la propia Eva Ortiz, ha reiterado que a ellos como denunciantes no se les ha comunicado el archivo. Además, ha insistido en que el próximo lunes ampliará la denuncia en el juzgado para poner en conocimiento toda la documentación y, de hecho, incluirán la certificación firmada por el director general de Trabajo, Bienestar Social y Seguridad Laboral en la que consta que no se ha levantado acta de infracción sobre estas mercantiles.
"No sabemos por qué responde en nombre de dos empresas privadas, quién ha pedido que haga ese certificado, por qué y para qué. En el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria no aparece ninguna atribución a la Dirección General para emitir este tipo de informes, nunca se han emitido este tipo de informes para dos empresas privadas. Casualidad, que son las empresas del hermano del presidente", ha apuntado.
El síndic del PSPV, Manolo Mata, ha justificado esta respuesta porque se estaba "poniendo en causa a una empresa y a la actuación de los funcionarios", que son "gente honorable". "Es que está en juego el buen nombre de la gente que trabaja allí", ha incidido. Mata, también ha apuntado que este respondió a "un ataque gratuito" porque Eva Ortiz "ya sabía que estaba archivado" desde hace meses este expediente y lo ha condicionado a la campaña electoral, la desesperación y el pasado del PP.
No habrá pleno extraordinario como pedía la derecha
Mientras, en la Junta de Portavoces de este martes se ha rechazado precisamente la petición del PP --que han apoyado Cs y Vox-- para que Puig compareciera en un pleno extraordinario para dar cuenta de las subvenciones a estas empresas, con los votos en contra de PSPV, Compromís y Unides Podem.
Mata ha explicado su negativa en que se pide en base a unos "datos falseados" y, además, Puig no ha tomado ninguna decisión sobre la concesión de estas ayudas ni tiene "ninguna relación" con esas empresas, mientras desde Compromís Mònica Álvaro ha señalado que se les está dando información "muy contradictoria" y, además, el PP dispone de la sesión de control para preguntar al presidente sobre ello. "Un poco de responsabilidad y 'seny'", ha reclamado.
La portavoz de Unides Podem, Naiara Davó, ha señalado que la vía judicial está abierta y será la que determine, aunque si llegado el momento "da indicios de que se deben pedir responsabilidades políticos así lo haremos". Eso sí, ha criticado que el PP pida múltiples comparecencias para "igualar" a todos cuando ellos pueden "dar másters en Harvard sobre la corrupción". A su juicio, no buscan información, sino titulares para tapar que "no tienen propuestas".
El PP ha señalado que ante esta negativa registrarán una petición de comisión de investigación y ha instado a que "si todo está bien" se dé toda la información.
Por su parte, el portavoz de Cs, Toni Cantó, ha asegurado que les parecía "bueno" que compareciera para "levantar toda sombra de duda" pero ha lamentado que el "el tripartito ha vuelto a salvarse a sí mismo", y la de Vox, Ana Vega, ha señalado que Puig tiene el deber "político y moral" de dar explicaciones.
