El dinero repatriado a España por la trama de Eduardo Zaplana seguirá retenido por el juzgado hasta que se dicte sentencia. La Audiencia provincial de València ha rechazado un último recurso presentado por el exjefe de gabinete de Zaplana, Juan Francisco García, en el que reclamaba el desbloqueo de la cuenta corriente que almacena el dinero repatriado a España y que asciende a un total de 2,2 millones de euros.
Según consta en la resolución, a la que ha tenido acceso Levante-EMV, la sección quinta valida las decisiones tomadas por la magistrada-instructora, la jueza Isabel Rodríguez, y desestima la solicitud de «flexibilización de unos pagos/cargos en una cuenta bancaria bloqueada judicialmente».
El tribunal recuerda que el juzgado ya autorizó la imputación a esa cuenta corriente de «unos pagos concretos y con relación a unas cantidades máximas que fueron fijadas conforme a la documentación aportada». Así, la Audiencia ha concluido, tal y como apreció la instructora, que «tal alzamiento no puede suponer un quebranto al decomiso avanzado a través de la medida cautelar».
García, quien también fue presidente del CB Estudiantes, pedía el desbloqueo de esa cuenta corriente para hacer frente a «pagos relacionados con la empleada doméstica, autónomos, gastos de comunidad, suministros o seguros». En cambio, la sala responde que puede cargar estos gastos a otras cuentas en las que figure como titular, pues «no resulta razonable el incremento genérico por los conceptos indicados con base a meras alegaciones».
El sumario de esta operación contra la corrupción atribuye a Juan Francisco García el papel de presunto testaferro del expresidente de la Generalitat. García se acogió a la amnistía fiscal impulsada en 2012 por Cristobal Montoro, entonces ministro de Hacienda, y repatrió a España tras liquidar y vender las participaciones de su empresa ese mismo año.
La sociedad se llamaba Fenix Investiments y tenía su sede en Luxemburgo. El beneficio por la venta fue a parar a «depósitos financieros» inscritos a su nombre y al de su esposa. Por la transacción abonaron a la Agencia Tributaria 233.439 euros en impuestos, según recoge la información tributaria incluida en la causa.
Según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, hasta esta empresa fueron a parar parte de los sobornos que el empresario Vicente Cotino, sobrino del exconseller Juan Cotino, envió desde su empresa a cambio de adjudicaciones públicas millonarias. En concreto, los agentes han hallado una transferencia, realizada entre 2005 y 2007, de algo más de 2,1 millones de euros a favor de la empresa.
De las ITV al plan eólico
Juan Francisco García fue durante años la mano derecha del expresidente Zaplana. Entre 1995 y 1999 fue su director de gabinete y subsecretario del director del gabinete hasta 2002. Además, asumió los cargos de presidente de la comisión interdepartamental para la racionalización del sector público de la Generalitat y formó parte de la mesa que adjudicó las ITV que habría beneficiado a la familia Cotino e investiga el juzgado.
Pese a que la suma repatriada a España alcanza los 2,2 millones de euros, el auto que ha dictado ahora la Audiencia de València eleva a 3,3 millones «el dinero de procedencia ilícita abonado como consecuencia del amaño de las adjudicaciones objeto de investigación», según consta en un informe elaborado por la Fiscalía Anticorrupción.
En concreto, García también habría utilizado la sociedad Dobles Figuras Consultores SL, esta sí con sede en España, desde donde la jueza sospecha que pudiera haber obtenido un total de 3,5 millones de euros «aprovechándose del puesto que ocupaba». El dinero estaría directamente relacionado con las adjudicaciones de los parques eólicos y las ITV.
Por el momento, Anticorrupción eleva a «16.292.520 euros la cantidad abonada en cuentas bancarias en el extranjero» por Zaplana y sus colaboradores. El juzgado ha localizado 6,3 millones en Suiza y el resto se habría repartido entre diversos paraísos fiscales. Esta parte de la investigación continúa secreta.
