El parlamento valenciano ya ha abonado en el primer semestre de legislatura 120.000 euros en dietas a los diputados por los desplazamientos hasta la cámara desde sus lugares de origen. Lo que hace las Corts es indemnizar los gastos del viaje y cuanto más lejos reside el parlamentario, más dinero ingresa por este concepto. Hasta ahí todo normal, porque el pago está contemplado en el reglamento.
Pero sobre esas dietas el Síndic de Comptes ha puesto la lupa en distintas ocasiones y ha dicho claramente que no se controlan lo suficiente. Y ahí es donde empieza el problema. Pese a las continuas llamadas del fiscalizador, el órgano que hace las leyes no avanza en el cumplimiento de lo que se le exige.
En una reciente entrevista en este diario, el responsable de la fiscalización de las cuentas públicas, Vicent Cucarella, aseguraba que desconoce si los gastos por transporte se están pagando de forma correcta por parte de las Corts y el Síndic tampoco tiene constancia de que se haya avanzado en una solución pese a los requerimientos.
Los gastos poco justificados en opinión del Síndic alcanzan ya los 120.000 euros en los primeros seis meses, una cantidad demasiado relevante para que siga escapando al control. En los meses de mayor actividad parlamentaria, noviembre o diciembre, las Corts ha pagado en desplazamientos de diputados unos 30.000 euros mensuales.
En diciembre se abonaron 29.063 euros; en noviembre otros 29.260 y en octubre 28.604. En los meses de verano las cifras cayeron a 465 euros en septiembre o 2.484 euros en agosto, un mes sin actividad. Algo más en junio, con 5.201 euros, y otros 23.962 euros en julio.
El sistema de pagos por desplazamientos de los diputados y diputadas autonómicos siempre ha resultado controvertido. Lo cobran aquellos que están empadronados fuera de la ciudad de València y siempre que asisten a alguna sesión parlamentaria. Pero se une a otro pago vía nómina en concepto de plus por la distancia al domicilio donde están empadronados, por lo que la dieta no deja de ser un doble pago. Legal pero por un concepto que ya se abona por otra vía.
Hasta once mil euros anuales
La cantidad que figura en la nómina, formalmente una indemnización por el ejercicio de la función, tiene que ver con la distancia al lugar de empadronamiento. A menos de diez kilómetros de las Corts 306 euros al mes (3.672 anuales); entre 10 y 100 kilómetros un total de 612 euros mensuales y 7.345 anuales. Para distancias superiores a los cien kilómetros la cantidad pasa a ser de 918 euros al mes y 11.017 anuales. Se ha dado el caso de diputados que han cobrado desplazamiento por reuniones que han durado unos minutos ya que solo acudir da derecho a cobrar.
Pero esa fórmula resulta insuficiente para el Síndic de Comptes. Cucarella asegura que no existe un control, que se cobra por residir fuera de València y también por los desplazamientos y que, de ese modo, no queda bien acreditado si ha existido desplazamiento o no porque el diputado puede haber pasado la noche en València.
«El sistema es legal porque la norma lo contempla -explica-, pero es cuestionable, no decimos que sea ilegal cobrarlo sino que no sabemos si se cobra adecuadamente. Si hay tres diputados que se trasladan en el mismo coche no deben cobrar los tres el desplazamiento porque además ya cobran por residir fuera. Debería controlarse más y justificarse», opina el Síndic de Comptes, que ha reclamado en distintos informes mayor control.
En días de pleno (duran dos días) muchos diputados admiten siempre en privado que no van y vuelven a sus lugares de empadronamiento. Algunos se quedan en hoteles y otros directamente tienen casa en València aunque declaran vivir en otro lugar.
Justificantes que nunca llegan
El presidente de las Corts, Enric Morera, siempre ha sido partidario de dar una solución, pero nunca se ha avanzado de manera decidida.
Morera siempre ha pedido que los parlamentarios se responsabilicen de esa práctica y que al menos presenten justificantes con su firma, de forma que queden retratados, aunque no se pueda controlar si se ha realizado el desplazamiento. Pero al menos pasaría al ámbito de su responsabilidad. Morera ya intentó en 2018 que firmaran este documento, pero la medida no se implantó. Hace unos meses se aseguró que se implantaría aunque no hubiera acuerdo entre los grupos, pero el Síndic no tiene constancia que se haya mejorado el control.
