Un escrito del director de los servicios jurídicos de Divalterra, José Luis Vera, cuestiona la versión oficial sobre la situación de los 12 trabajadores del Patronato provincial de Turismo cuyas nóminas -por valor de de 585.118 euros- corren a cargo de la empresa pública de la diputación. En el informe, emitido a mediados de diciembre en respuesta al requerimiento de uno de los consejeros de Divalterra, el responsable legal opina que existe una «cesión ilegal de personal» e informa de que esta práctica -arrastrada de la época del PP- podría acarrear sanciones de entre 72.000 y 1,8 millones de euros para la administración pública.
El documento forma parte de un expediente de 250 páginas remitido el 26 de diciembre al juzgado de instrucción nº9 de València, en el marco de las diligencias abiertas después de que la Fiscalía pusiera el foco de sus sospechas sobre el personal laboral que trabaja para el Patronato pese a que su sueldo depende de Divalterra.
Vera sostiene en el citado escrito que ya se pronunció sobre la irregularidad en su declaración como testigo ante el juzgado de lo social n° 10 en 2018 y, aunque ve «difícil» que el asunto derive en responsabilidades penales, a preguntas del consejero no descarta «derivaciones imprevisibles» en la investigación que sigue el juzgado.
La diputación activó el 14 de enero la vía para regularizar el entuerto mediante la reconversión de Divalterra y su fusión con el patronato bajo la fórmula de una nueva entidad pública empresarial local (EPEL). Después de meses de espera, el pleno debía dar luz verde este martes al inicio del proceso, pero el presidente de la diputación aceptó congelar el trámite durante 15 días para intentar buscar un acuerdo lo más unánime posible con la oposición.
Con el mar de inseguridades jurídicas que hay de fondo, el retraso despertó desavenencias en el equipo de gobierno. El diputado de Turismo, Jordi Mayor, advirtió de la urgencia del procedimiento y discrepó de un aplazamiento a su juicio injustificado. Mayor, que culpó de las anomalías en la arquitectura a los anteriores gobiernos del PP, dijo que los trabajadores del patronato (organismo autónomo) están «en una situación delicada» y «quieren saber quién les paga y ante quién han de responder».
A partir de 2016, tras el cambio de color político, la diputación comenzó a sortear la problemática echando mano de encomiendas de gestión que se han ido prorrogando año tras año, apoyándose en informes internos y externos que avalan este sistema para cumplir la ley.
El jefe jurídico de Divalterra, sin embargo, aprecia en esta práctica una «disfunción que sigue arrastrándose de manera continuada» porque en estos encargos se incluyen supuestos trabajos y servicios en materia de turismo cuando, en realidad, la mercantil pública se limita al pago y gestión de las nóminas del patronato, que, en cambio, asume incluso el seguimiento y control del personal.
Retraso de la última encomienda
En su escrito de diciembre, Vera advirtió de que, a esas alturas del año, la diputación todavía no había formalizado la encomienda de 2019 «con las incertidumbres que ello está ocasionando en la empresa y a los trabajadores del Patronato». Ese retraso provocó un conflicto entre Divalterra y la corporación provincial. A finales de noviembre, la empresa pública llegó a amenazar con «dejar de destinar personal propio a prestar servicios al patronato» si no se renovaba la encomienda, reiterándose en una petición que llevaba denunciando desde mayo de 2019 y advirtiendo de que la carencia de fondos le abocaba a echar mano del excedente destinado a adquirir vehículos de las brigadas forestales. Finalmente, el presidente de la diputación firmó por decreto la prórroga de la encomienda correspondiente a 2019 (con efectos a 1 de enero) a 19 días de terminar el año y con el informe a favor de la secretaría.
En la institución se acogen a los estudios que avalan la legalidad de la cesión de los empleados y defienden que la práctica está contemplada en los estatutos, a la espera de desterrar la sombra de las anomalías con la reconversión del organismo. El diputado de Turismo lamentó el martes que, si el proceso se retrasa mucho, se precisaría de una nueva encomienda y se prolongaría la inseguridad.
