Una oposición es una selección natural de amigos. Todo el mundo que ha pasado por una de estas pruebas se retira durante un tiempo de la vida pública y se aparta de sus amistades para encerrarse entre cuatro paredes y estudiar. Una oposición supone un esfuerzo extraordinario, pues adaptan su cerebro a la memorización para empollar un temario que muchas veces es infinito.
El caso de Ana Brugger, la exdirectora general de Función Pública a la que la Fiscalía acusa de ayudar a copiar a una amiga en una oposición, ha sacado a la luz las trampas que se producen en este tipo de convocatorias públicas y las dificultades para castigarlas penalmente.
No existe ningún artículo en el código penal que sancione estas conductas, tampoco una legislación específica que considere que se genere un perjuicio económico por copiar. Pero sí existen diversos caminos para que al menos estos casos se sometan a un juicio con todas las garantías.
En el caso de Brugger el Ministerio Fiscal ha optado por acusarla de un presunto delito de actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de abusos en el ejercicio de su función, del artículo 442 párrafo primero, primer inciso del Código Penal. A Brugger se le atribuye el papel de responsable y a su amiga, María Gonzálbez, en la actualidad asesora parlamentaria de Vox, el de cooperadora necesaria.
Los hechos se produjeron del siguiente modo, según la Fiscalía. Brugger formaba parte del grupo de funcionarios que se encargan de vigilar el proceso y velar por su transparencia en una prueba celebrado el 10 de marzo de 2018 en la Universitat de València.
Las pruebas eran para ocupar una plaza de técnicos superiores de la Administración de la Generalitat y, tras ser anunciado el tema, Brugger consultó su teléfono y empezó a redactar las respuestas. A continuación depositó los folios sobre la mesa de Gonzálbez para que procediera al «cambiazo», que consiste en guardar las hojas en blanco que no se han escrito para entregar los documentos con las respuestas ya elaboradas.
Dos funcionarias que vigilaban igualmente el examen se dieron cuenta de estos hechos. Intervinieron las hojas escritas por Brugger y Gonzálbez no llegó a entregar las respuestas.
Al no llegar a depositar los documentos porque las vigilantes se dieron cuenta de los hechos, la Fiscalía ha descartado acusar a las imputadas por un delito de falsedad documental. También ha rechazado la revelación de secretos y finalmente ha optado por el delito de actividades prohibidas, pues castiga a la autoridad o funcionario público que haga uso de un secreto del que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo, o de una información privilegiada, con ánimo de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero.
En este caso la Fiscalía considera que la información reservada son las respuestas y el beneficio económico el sueldo para toda la vida que habría obtenido la actual asesora de Vox al ganar la plaza. Tras salir a la luz este escándalo y abrir una investigación la Agencia Antifraude, previa a la de la Fiscalía, Gonzálbez presentó un escrito en len el que renunciaba voluntariamente a opositar por la plaza sin dar más explicaciones.
Estas prácticas no suceden todos los días pero sí más de lo que se cree. De hecho, de las 161 denuncias que se presentaron en la Agencia Antifraude en 2019, el 50 % están relacionadas con oposiciones, función pública o irregularidades en los pagos de complementos. En Benidorm, por ejemplo, un juzgado ha imputado al tribunal de unas oposiciones a Policía local porque uno de los aspirantes tenía las respuestas del test
