La estructuración comarcal de la Comunitat Valenciana está contemplada en el Estatuto de Autonomía, aunque no ha llegado a promulgarse una ley de comarcalización que reconozca claramente a la comarca como delimitación territorial y, en la práctica, se mantiene la organización provincial. Los intentos de Compromís en ese sentido durante la pasada legislatura no han fructificado.
La Ley de Mancomunidades supone un primer paso hacia una nueva delimitación que define 33 ámbitos comarcales y potencia las entidades supramunicipales. Entre las medidas más controvertidas, la norma establece que las diputaciones provinciales «colaborarán y auxiliarán a las mancomunidades en el ejercicio de sus actuaciones tendentes a materializar sus competencias y potestades en materia tributaria y otros ingresos de derecho público». Además, el texto contempla que las instituciones provinciales «contarán necesaria y prioritariamente con las mancomunidades de ámbito comarcal para la prestación de los servicios obligatorios y esenciales, así como para la modernización de la gestión de los pequeños municipios», articulando una «colaboración permanente, estable y sostenida con las mancomunidades para hacer efectiva la prestación de servicios».
Para constituirse como entidades de ámbito comarcal, estos organismos han de contar con personal propio con dedicación plena y con puestos reservados para funcionarios habilitados nacionales. Para facilitar el tránsito hacia el nuevo paradigma, el presidente de la comisión de mancomunidades en la Federación de Municipios, Txema Peláez, recoge dos demandas: que la diputación forme a secretarios e interventores en las especificidades de las mancomunidades y que se cree una cátedra universitaria destinada a la gestión de estas entidades.
