El dictamen del Consell Jurídic Consultiu (CJC) sobre la ilegalidad de la actual personalidad jurídica de la empresa Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos (Vaersa) que invalida las denominadas encomiendas de gestión abre la puerta a que la Generalitat acabe asumiendo a los 900 temporales que trabajan para esta empresa aunque sin aflorar en la plantilla oficial.
Como adelantó este diario ayer en su edición digital, el organismo jurídico ha emitido un informe, a petición de la propia Conselleria de Agricultura y Emergencia Climática, en el que obliga a reestructurar esta sociedad mercantil creada hace 34 años y que tenía la consideración de medio propio instrumental de la Generalitat.
Vaersa tiene encomendada la gestión de residuos, pero desde hace años se encarga de la gestión de los parques naturales o la prevención de incendios, además de otras tareas delegadas por la Generalitat mediante las encomiendas de gestión, una fórmula cuestionada en numerosas ocasiones y por instituciones distintas como el Tribunal de Cuentas o la Sindicatura. Con el paso de los años y ante la falta de medios personales propios para ejerces estas tareas, Vaersa ha ido contratando personal temporal que ha ido encadenando contratos.
El resultado es que la plantilla ha crecido hasta alcanzar los 1.300 trabajores y trabajadoras, aunque dos tercios (alrededor de 900) están en una situación de precariedad y no aparecen en la relación de puestos de trabajo.
En su dictamen, el Jurídic deja claro a la conselleria que no podrá seguir trabajando como hasta ahora porque Vaersa no cumple con el llamado requisito de actividad, es decir, con la condición de que «más del 80 % de las actividades del ente destinatario del encargo se lleven a cabo en el ejercicio de los cometidos que le han confinado por el poder adjudicador que hace el encargo y lo controla». Este requisito está establecido en la nueva ley de Contratos del Sector Público que, según el Jurídic, Vaersa estaría incumpliendo.
El Jurídic, tras un extenso razonamiento, hace suyas las conclusiones de un informe de lntervención General de la Generalitat, que ya dijo que se incumplia el requisito del 80 %.
El Jurídic ofrece dos vías de solución a la conselleria. La primera es que se reserve a la entidad la actividad mercantil de la explotación de plantas de residuos y se constituya una entidad pública empresarial para el desempeño de los restantes encargos.
La segunda es que la actividad de clasificación de envases se traslade a otra entidad pública ya existente (la Epsar) y Vaersa conserve la explotación de las plantas de clasificación.
Eso sí, el Jurídic advierte de que la constitución de una nueva entidad pública, vía por la que según las fuentes consultadas se inclina la conselleria, «supondrá el mantenimiento y la subrogación en las relaciones jurídicas de las que actualmente es titular Vaersa, incluidas las existentes en relación con el personal de dicha entidad».
La nueva entidad podría optar por la delegación de competencias, lo que implicaría acabar con las encomiendas de gestión. Dada la situación, el organismo justifica que la conselleria acuda al decreto-ley para regularizar la situación.
El dictamen del Jurídic permite a la conselleria poner fin a unas encomiendas de gestión que hace tiempo el Botànic quería eliminar. Ahora bien, la opción de crear un nuevo ente obliga a la conselleria a negociar el futuro de los temporales. Al ser incoporados al ente, el encaje tendría que ser similar al que se usó para los sanitarios después del rescate del Hospital de Alzira, es decir, con la figura de personal a extinguir. El ente público obliga a la Generalitat a contratar personal a través del concurso oposición.
Sentencia del TSJ
Además, en la decisión de la conselleria pesa también la futura sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano sobre el personal contratado vía encomiendas de gestión. La FSP-UGT planteó un conflicto colectivo al considerar que estos trabajadores temporales se encuentran en un limbo jurídico ya que, de un lado, trabajan en igual de condiciones que los fijos y, de otro, están desaparecidos en la relación de puestos. En círculos sindicales se da por hecho que la sentencia declarará ilegal este tipo de contratos.
La conselleria que dirige Mireia Mollà tenía previsto celebrar ayer una reunión para abordar, además del futuro del personal, el reparto de competencias entre las entidades y el futuro de los consorcios de residuos que forman parte del entramado de Vaersa.
