El tripartito salvará finalmente de las restricciones que impondrá le Ley valenciana del Juego las máquinas tragaperras en el sector de la hostelería, los bingos y el casino Cirsa de València, que no se verán obligados a cumplir con la distancia de 850 metros que sí afectará a salones de juego y casas de apuestas respecto de institutos de secundaria y bachillerato.
Además, los establecimientos dedicados al juego no podrán ubicarse a menos de 500 metros de distancia entre ellos. Con ello, el Botànic busca frenar la concentración de salas en determinados barrios y facilitar su dispersión.
Los diputados de PSPV, Compromís y Unides Podem, José Muñoz, Graciela Ferrer y Ferran Martínez, registraron ayer en las Corts las enmiendas a la Ley del Juego, que hoy está previsto que se debatan en la comisión de Economía.
Los negociadores de los tres partidos incluyen una moratoria de cinco años sobre las máquinas tragaperras. Además, el casino de València, que cumple diez años, y que tiene a menos de 850 metros seis centros escolares, dos zonas deportivas y un hospital, tampoco se verá afectado.
Otra novedad es que el cálculo de las distancias no se realizará de forma radial sino sobre el viario público, con lo que se acepta otra petición de la patronal del juego.
Fuentes de la negociación aseguraron ayer que con las máquinas tragaperras el debate ha resultado intenso por la afección que generaba en muchos casos a pequeños negocios y autónomos.
Unides Podem proponía la eliminación total de este tipo de máquinas, pero al final se salvan, aunque se impone la obligación de que cuenten con dispositivos de desconexión como ocurre con las de tabaco en los bares. Con ello se busca proteger a los menores y se hace responsable al propietario de la activación. Además, queda prohibida la instalación de máquinas de apuestas en los bares.
No cuentan colegios de primaria
Respecto a los casinos se ha tenido en cuenta que solo hay uno en cada una de las tres provincias valencianas y que tampoco tienen una incidencia manifiesta sobre la ciudadanía ya que a ellos suelen acudir sobre todo turistas.
Y también quedan excluidos de la limitación los salones de juego que estén a menos de 850 metros de los colegios de primaria ya que se ha decidido que solo afecte a los de ESO y bachillerato, ya que es a estudiantes de esta edad a los que más afecta la ludopatía.
También se ha acordado que como no existe en la actualidad un mapa autonómico que concrete las consecuencias que iba a tener la ley sobre el sector y además existían dudas jurídicas sobre una prohibición directa en el caso de las tragaperras, los tres partidos han acordado la moratoria de cinco años, período que se aprovechará para que el Consell realice un estudio sobre la incidencia autonómica del sector del juego.
De ese modo, durante el próximo lustro no se podrán otorgar licencias nuevas de máquinas ni de establecimientos de juego y en esos años se preparará el estudio.
En la práctica, se producirá en este lustro una eliminación progresiva porque dentro de cinco años el número de máquinas tragaperras será menor ya que no se podrá instalar ninguna más y se habrán extinguido las que acaben su autorización, que ya no podrán ser renovadas.
El Botànic también acuerda cambiar el título de la ley, que pasa a ser del Juego y prevención de la ludopatía e incluye un título entero de protección de la salud. La ley se centra en el aspecto que más alarma social genera, el de la proliferación de casas de apuestas y salones de juego ya que entre los que están abiertos y los que tienen autorización superan los 500, lo que sitúa a la Comunitat Valenciana como la autonomía con más establecimientos por habitante.
Restricción de la publicidad
Una de las banderas que Unides Podem ha enarbolado ha sido la restricción de la publicidad del juego. Se elimina de soportes físicos, de forma que la ley autonómica llegará más lejos que la estatal y se restringe totalmente dentro de las competencias autonómicas, que no permiten actuar en el juego y las apuestas online.
