El eurodiputado Miguel Urbán ha llevado el caso de la mujer hondureña hasta la Comisión Europea (CE), a la que ha planteado la pregunta de si piensa solicitar a España que implemente de una vez la directia 2012/29/UE que, recuerda en su escrito, «señala que las víctimas en situación irregular también deben tener acceso a derechos y servicios, incluida la protección jurídica sin medo a ser expulsadas». Urban también invoca en su pregunta a la CE la ley española del Estatuto de la Víctima del Delito, que antepone igualmente el auxilio a la represión por cuestiones administrativas.
