La Comunitat Valenciana ha registrado más de 137 expedientes de regulación de empleo temporal que afectan a unos 7.000 empleos y los juzgados se preparan para vigilar los abusos en los despidos masivos por el virus. De momento, un juzgado de guardia vigilará durante las 24 horas del día las medidas propuestas por las empresas para hacer frente a la crisis económica que está generando la pandemia. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) también estudia cómo reforzar la jurisdicción Social tras el estado de alarma para evitar un colapso en la Justicia.
Los colegios de abogados de València remitieron ayer una comunicación interna a sus colegiados recordando que toda actividad en los juzgados de lo Social queda suspendida salvo las demandas derivadas por el decreto del estado de alarma. Los juzgados de València que tramitan estos expedientes han advertido en las últimas horas del «colapso de la centralita de estos juzgados» ante las peticiones de información.
El ERTE (Expediente de regulación temporal de empleo) es un mecanismo previsto en el estatuto de los trabajadores que permite a las empresas ajustar temporalmente la mano de obra cuando concurren causas económicas, técnicas organizativas o de la producción que lo justifican. También puede adoptarse por fuerza mayor, como está sucediendo tras el estado de alarma. Según exponen los juristas expertos consultados por Levante-EMV, las medidas de ajuste que se llevan a cabo pueden consistir en una suspensión del contrato de trabajo (no se trabaja y no se remunera pero sigue vigente el vínculo) o una reducción temporal de la jornada, entre un 10 y un 70 por ciento.
Negociaciones de «buena fe»
La adopción de estas decisiones no genera derecho a indemnización alguna (a diferencia del despido colectivo), pero permite acceder al desempleo. En este sentido, el Gobierno ha acordado que los trabajadores tengan derecho a paro aunque no hayan llegado al mínimo de cotización.
La decisión estará precedida de un periodo de consultas con los representantes de los trabajadores con vistas a alcanzar un acuerdo. Las partes negocian de buena fe aspectos tales como evitar la decisión o medidas paliativas.
Muchas empresas han solicitado información para impulsar despidos temporales pese a que su actividad económica en principio no se ve afectada directamente por el decreto del estado de alarma. «En algunos casos que nos consultan el expediente no tiene justificación porque no está prohibida la actividad de su empresa. Si los empleados deciden no ir a trabajar atendiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias, las primeras alternativas son las vacaciones o permisos retribuidos», explican abogados laboralistas.
Consultas masivas a asesorías
La mayoría de consultas a asesorías o despachos de abogados llegan del sector servicios, hostelería fundamentalmente. Se da por perdida la campaña de la Semana Santa y se intenta salvar la de verano. Además, en caso de la ciudad de València, a la suspensión de la actividad hay que sumar la inversión previa realizada por bares y restaurantes para atender la demanda de consumo que se registra en la fiestas de las Fallas.
El plazo ma?ximo para la constitucio?n de la comisio?n negociadora en cada empresa donde se pretenda aprobar un ERTE sera? de siete días desde la fecha de la comunicacio?n. Las partes tienen 15 días para llegar a un acuerdo y comunicarlo.
