Un presupuesto de emergencia y reconstrucción para este año, como el anunciado por Pedro Sánchez, debe favorecer a la Comunitat Valenciana. Unas cuentas bajo el sentimiento de unidad nacional ante la epidemia y que, por tanto, igualen a los españoles deben beneficiar a los que hasta ahora estaban peor tratados, posición en la que no cabe duda de que han estado los valencianos. Un diseño presupuestario para atender como prioridad las urgencias sanitarias, sociales y económicas antes que las peculiaridades territoriales debe rentar a quienes tienen (lo arrastran así) más necesidades en sus servicios básicos. Conclusión: la respuesta al virus reequilibrará las desigualdades endémicas en el reparto de los fondos del Estado a los territorios.

Es la lectura que realizan en el puente de mando del Consell y en las entidades económicas ante los últimos anuncios. En situación de crisis máxima, como la actual, no sos sostienen decisiones subjetivas en favor de hechos diferenciales. En todo caso, la convicción es que todo es altamente voluble y frágil y que los criterios de hoy quizá se desmoronen en quince días.

En este sentido, la primera duda es si habrá presupuesto de 2020 o se optará por tirar por la calle de en medio e ir a por los de 2021. Dependerá de la prolongación del estado de alarma y de la situación de crisis máxima. Pero a día de hoy, la tesis dominante es que habrá presupuesto este año, favorecido por la situación de emergencia. El contexto de salvación nacional aumenta las posibilidades de que el PP facilite la aprobación de esas cuentas.

¿Y cómo queda la reforma de la financiación autonómica en este contexto? Los planes continúan, respondió ayer un portavoz del Ministerio de Hacienda a este diario. El calendario previsto hasta hace unas semanas pasaba por la presentación de una propuesta de nuevo modelo en las primeras semanas del otoño (eso era lo pactado con Compromís). La idea es mantenerlo, pero habrá que ver cómo evoluciona la crisis, añaden en el departamento de María Jesús Montero.

A este lado de la presa de Contreras, la situación sobre la financiación autonómica genera sensibilidades diferentes. Compromís no levanta el pie del acelerador. «La crisis del Covid-19 pone de manifiesto la urgencia de la reforma», asegura el diputado Joan Baldoví a Levante-EMV, porque se está viendo que cada comunidad atiende a sus pacientes con los recursos de un sistema que «no se ajusta a nuestro peso poblacional ni necesidades».

Sin embargo, el presidente de la patronal, Salvador Navarro, señala: «Podemos entender posturas que, de forma temporal, se alejen de una defensa numantina del sistema de financiación autonómica». Con todo, remarca que la reforma no se puede olvidar. Pero lo perentorio en este momento para el representante de los empresarios es dotar de liquidez al entramado mercantil. Los anticipos anunciados del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) tienen ese fin: evitar tensiones de tesorería y agilizar así pagos a proveedores, de manera que estos puedan soportar mejor esta etapa de freno de la economía para contener el coronavirus.

Es el mensaje que emana asimismo desde el Palau de la Generalitat hacia la Moncloa. «Lo urgente es liquidez. Ya habrá tiempo de hablar de presupuestos», aseveran fuentes de Presidencia.

Precisamente, el Ministerio de Hacienda comunicó ayer una actualización de las entregas a cuenta que supondrá el envío ya de 223 millones adicionales para la C. Valenciana. El 50 % llegará la semana que viene y el resto, el 17 de abril.

La cifra supone que la Generalitat pase a recibir en concepto de financiación autonómica un 9,38 % más que en 2019. Es la autonomía que más crece en términos relativos, aunque no alcanza la media española. Cuando Hacienda anunció las entregas a cuenta iniciales para 2020 el aumento previsto para la Comunitat Valenciana era del 6,77 %. En dinero, supone de tener una inyección de 766 millones a una de 990.