Parar todo (excepto los servicios esenciales) para frenar el avance del coronavirus y lograr pronto levantar las medidas de contención o mantener la situación actual de importantes restricciones sin que España (la economía) no se detenga. Es el debate en el que está la política en España y la Comunitat Valenciana. Y que está produciendo situaciones insólitas hace pocas semanas, como que la derecha defienda las mismas posiciones que Compromís y la izquierda radical.
Así, Pablo Casado y Teodoro García Egea (PP) incidían en las últimas horas en el endurecimiento del confinamiento, si bien sin palabras gruesas, pero defendiendo el criterio de una de sus comunidades, Murcia, muy crítica con la actitud del Gobierno central y que ha reclamado el cierre total de su territorio.
El presidente del PP se posicionaba en ese lado del debate con remarcados matices porque sabe que esa no es la posición del sector empresarial. Esta es la que vino a exponer el pasado lunes la ministra de Economía, Nadia Calviño, cuando enfatizó la necesidad de que «España no se pare».
Dentro de esos criterios se sitúa la posición de la patronal valenciana, CEV. «No hay que parar siempre que se cumplan las condiciones de protección personal», ha manifestado su presidente, Salvador Navarro.
Más cerca de las posiciones de Casado y alejadas de las de Calviño y Navarro está la posición de Compromís, los socios del PSPV en el Ejecutivo valenciano. «Es necesario que se suspenda el trabajo presencial no esencial», ha dicho el portavoz en las Corts, Fran Ferri. Venía así a reforzar el criterio expresado el pasado domingo por el presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, durante la videoconferencia de Pedro Sánchez con representantes autonómicos.
El jefe del Consell habló en ese encuentro virtual de reducir el transporte público, limitar determinadas actividades económicas o racionalizar mejor el movimiento de los ciudadanos. Una enmienda importante a la actuación del Gobierno de España, también en manos del PSOE.
Sin embargo, Puig ha modulado esa posición en las últimas horas. Quiere evitar cualquier conflicto, porque no es momento de «confrontación», argumenta, y porque intenta esquivar cualquier desencuentro o malentendido con la Moncloa cuando la Generalitat ha empezado a recibir material sanitario desde China en un operativo preparado por su cuenta.
Así, el líder del PSPV precisó ayer su postura en este debate: es la de «acelerar las medidas de confinamiento. Llevarlo a cabo hasta sus últimas consecuencias». Para ello, reclamó la colaboración de ciudadanos y empresas, para que se cumplan todas las medidas de protección. Pero siempre, dentro del «marco actual», que compete al Gobierno central, y más en un régimen de estado de alarma. Insistió así en la necesaria unidad de acción.
Asimetrías generales
Estas asimetrías también se observan en el PP, donde la actitud de Casado con Sánchez es más crítica que la que, en esta crisis de salud, está mostrando Isabel Bonig con Puig. Ayer se volvió a evidenciar durante la videoconferencia con los grupos parlamentarios. La líder del PP valenciano reclamó al jefe del Consell que «redoble» esfuerzos en materia de personal y equipos de protección, pero no cuestionó la estrategia del Ejecutivo frente a la crisis ni las decisiones adoptadas. Se limitó a dejar una puya a la vicepresidenta Mónica Oltra por la gestión de las residencias de mayores, el mayor foco de riesgo en esta epidemia.
Los vaivenes y desplazamientos en este debate indican sobre todo que nadie tiene claro al 100 % qué línea seguir. También que siempre es más fácil situarse en posiciones radicales cuando se está en la oposición. Y que quien está en el Gobierno atiende mucho a las consecuencias económicas de cualquier decisión.
Al fin y al cabo, el desconcierto de los políticos no es mayor que el que refleja la comunidad científica, que ha ido adaptando sus consideraciones a la medida que ha avanzado la crisis. Ni siquiera ahora hay una posición común sobre extremar el aislamiento.
