La deuda con el Estado podría ser la clave para que la tesorería de la Generalitat mejore en una situación límite como la del combate contra el coronavirus. El Ejecutivo valenciano trabaja desde hace días en conseguir que el Gobierno central le exima de pagar los vencimientos de deuda en los próximos meses, al menos durante la etapa más dura de la gestión de la crisis y el inicio de la recuperación. Es el objetivo para conseguir liquidez, la gran obsesión en este momento de los gobernantes valencianos para poder cumplir con los proveedores y evitar así que la crisis crezca más.
Ximo Puig lo dijo de manera reiterada ayer, en su comparecencia de prensa tras reunirse con los agentes sociales: el Consell necesita liquidez para pagar los materiales que compra y a las empresas que contrata. Calculó en una cantidad entre 600 y 700 millones la necesaria para atender las facturas inmediatas y aseguró que el Gobierno valenciano ha reclamado ayuda al Ejecutivo de Pedro Sánchez y tiene el «compromiso» de que en los próximos días se podrá solucionar parte de los problemas de tesorería.
La solución por la que se está trabajando, según ha podido saber Levante-EMV en fuentes del Ejecutivo autonómico, es la de conseguir una exención temporal del pago de los próximos vencimientos de deuda.
El Estado es el principal fiador de la Comunitat Valenciana. Y por una amplia diferencia. De los 47.877 millones de deuda viva de la Generalitat, según datos de 2019, un total de 40.660 proceden del fondo de financiación a las comunidades autónomas. Estos instrumentos permiten desde 2012 al Gobierno valenciano compensar el déficit por la infrafinanciación para pagar los servicios públicos básicos. Pero a costa de incrementar el endeudamiento.
Así, el denominado «Servicio de la deuda» (el pago de intereses y amortización de préstamos) es ya en 2020 la segunda conselleria por volumen de gasto: 6.411 millones, tras aumentar un 11 % en este presupuesto. Solo la superaba Sanidad en las cuentas aprobadas a final de 2019, y por un margen cada vez más estrecho (6.765 millones).
Es por ello que Puig y el conseller de Hacienda, Vicent Soler, se hayan marcado como objetivo librarse del pago de los próximos vencimientos, ya que es dinero del Estado, que si no debería concedérselo por otras vías para no dejar sin liquidez al Consell.
El president dijo que lleva unos días en conversaciones con el ministerio y explicó que están pendientes de las decisiones que se tomarán «en breve» en el Consejo de ministros para facilitar en las próximas semanas la financiación «suficiente».
Puig señaló que con la inyección económica del Gobierno que llegó el pasado lunes (111 millones) ya se están efectuando pagos. Sin embargo, Soler ya manifestó el día anterior a la ministra María Jesús Montero que esa aportación era «insuficiente» para las necesidades valencianas.
La exención de parte de la deuda con el Estado no es misión fácil. Cada vez que se ha planteado una condonación o mutualización de este saco de millones otras autonomías sin déficit han protestado al considerar que se iba a beneficiar a las incumplidoras.
La Generalitat ha pagado alrededor de 2.500 millones en intereses por el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y otros instrumentos de financiación. El cálculo de Soler, explicado en Corts, es que se abonarán 3.000 millones por estos préstamos hasta 2027. Una parte quizá ya no se pague si el ministerio es comprensivo en esta situación de crisis.
