Trabajadores del sector privado con contrato temporal, asalariados con contrato indefinido con poco tiempo en la empresa, autónomos, empleados poco formados y aquellos que trabajan en pymes y empresas menos saneadas en términos financieros o en actividades, como el comercio y la hostelería, cerrados a cal y canto desde el estado de alarma. Estos son, a corto plazo, los colectivos laborales más vulnerables. Dicho de otra forma y como ya se está viendo desde el 14 de marzo, son los que primero van a padecer las peores consecuencias laborales de la crisis del coronavirus. En el otro fiel de la balanza están los trabajadores del sector público, confiados la inmensa mayoría de ellos en que no van a perder su empleo y, por tanto, sus ingresos.
Así consta en un estudio publicado ayer por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) en el que se recuerda que entre julio de 2008 y junio de 2009, con el estallido de la Gran Recesión, el empleo entre los contratados temporales cayó en España un 24,5 %, un 33 % entre los que tenían contratos indefinidos con menos de seis meses de antigüedad o un 10,6 % entre los autónomos.
¿Donde radica su vulnerabilidad? En los temporales, en que «los costes de extinguir la relación laboral son menores y, en general, su sustitución por otros trabajadores es más viable para la empresa». Y representan un 27,7 % del total en la Comunitat Valenciana. En cuanto al empleo indefinido, «cuanto más tiempo lleve el trabajador en la empresa, supondrá para ella un recurso humano más valioso al que se resistirá a renunciar y, a la vez, más costoso de despedir». En la autonomía, un 24,4 % de los empleados llevaban en su empresa menos de dos años. Los autónomos, por su parte, «cuentan con menos elementos de protección y en algunos casos puede tratarse de falsos autónomos, candidatos a que se prescinda de ellos antes de afectar a los trabajadores en plantilla». Luego está ese 33,8 % de los trabajadores valencianos (32,5 % en el conjunto de España) que como máximo tienen la educación obligatoria. Es decir, los menos formados. Estos, en general, «son trabajadores más prescindibles para las empresas y más fáciles de sustituir». A largo plazo, además, su empleabilidad será «limitada» y correrá el «riesgo de acabar convirtiéndose en paro estructural».
Los autores del informe se detienen en un factor añadido y es que los decretos de paralización de la actividad productiva «estarían afectando algo más a la Comunitat Valenciana que al conjunto de España», por la diferente estructura sectorial y, en concreto, por el mayor peso del turismo. En este sentido, citan otro estudio según el cual el empleo afectado en la autonomía por la parálisis económica alcanzaría al 50,7 % del total, frente al 46,9 % de la media española. Este mayor «impacto relativo seguiría, aunque atenuado, con la vuelta a la situación previa». Por fortuna, la Comunitat Valenciana va por delante del resto del país en otra variable fundamental, que es la mejor salud financiera de sus empresas.
En contraposición con este desalentador panorama para una parte sustancial de la masa laboral valenciana se encuentran los funcionarios y demás empleados públicos, para quienes el IVIE augura la menor vulnerabilidad «sobre todo a corto plazo». Son el 13,8 % de todos los trabajadores, por un 16,1 % en la media nacional.
Por último, el documento señala como dato positivo que el 96,7 % de los expedientes de empleo presentados desde mediados de marzo en la autonomía son temporales, lo que supone «una señal alentadora que debe facilitar una más pronta recuperación de la actividad». No obstante, también apunta una prolongación de los Erte en las actividades en las que el parón sea más duradero y añade que los efectos de la crisis serían «especialmente persistentes en los sectores con más necesidades de mantener la distancia social», que, como ha quedado dicho, están más presentes en la Comunitat Valenciana que en el conjunto de España. De hecho, el agregado comercio, transporte y hostelería representa un 33,1 % en la primera por un 29,4 % en la segunda.
