No hay mal que por bien no venga debió de pensar alguno, cuando el decreto de estado de alarma paralizó casi toda la actividad en España, incluido el sistema judicial. Esta semana, la Audiencia Provincial de València debía albergar durante varios días el juicio ante un jurado popular contra el exaparejador de Quart de Poblet, por un supuesto delito continuado de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos. También la exalcaldesa de Puçol Mercedes Sanchis debía ser juzgada por un delito de prevaricación administrativa. Ambos se han salvado del banquillo, de momento.
En el caso de Quart, la fiscalía solicita dos años de prisión, cuatro de inhabilitación para empleo y el pago de una multa de 43.200 euros, al considerar probado que el funcionario José-Alan O. R aceleraba las licencias urbanísticas que le llegaban de un ingeniero determinado con el que acordó repartirse la mitad de lo que éste facturase a sus clientes. Según las pesquisas, el empelado público se embolsó unos 62.000 euros con el entremado que había montado.
Fue la alcaldesa Carmen Martínez la que en octubre de 2015 comunicaba en una rueda de prensa la detención del aparejador y del ingeniero. La Oficina Técnica de Urbanismo comenzó a sospechar al detectar que gran parte de los expedientes de licencias de actividad sobre los que informaba el aparejador tenían a un mismo ingeniero como responsable redactor de los proyectos de legalización presentados.
Tanto el exaparejador como el otro ingeniero acusado, se conocían desde años atrás al colaborar en diversos proyectos. Cuando Jose Alan se convirtió en funcionario no podía seguir con determinados trabajos y se conchabó con su colega, de tal forma que el exaparejador remitía al despacho del ingeniero a todo interesado en conseguir un informe técnico y se repartían al 50% su coste. A cambio, el técnico municipal se encargaba de acelerar la tramitación de expedientes que provenían con la firma de su colaborador. Así, se llegó a detectar una diferencia de 131 días a 1.215, en función de la procedencia de los informes.
Por su parte, la exalcaldesa de Puçol, Mercedes Sanchis, debía haberse sentado también estos días en el banquillo del Juzgado de lo Penal número 7 de València, por un delito de prevaricación administrativa.
En 2011 se abrieron dos expedientes a la empresa Dulce Hola, ubicada en el polígono de Puçol, por los daños causados al alcantarillado municipal por los reiterados vertidos de una sustancia corrosiva. En total, se vieron afectados unos 1.300 metros de tubería de canalización con unos daños económicos de 222.000 euros.
Años más tarde, con la llegada de Compromís al Gobierno, se percataron de que uno de los expedientes había prescrito, sin que la mercantil Dulce Hola hubiera recibido comunicación oficial de los daños ocasionados y del requerimiento para que corriera con los citados gastos de reparación. ¿El motivo? La entonces alcaldesa Mercedes Sanchis no había firmado la notificación, tal como aparecía reflejado en la diligencia incorporada al expediente administrativo del caso.
Fue entonces cuando Compromís remitió en mayo de 2017, un escrito hasta la Fiscalía Provincial en el que detallaba todo lo ocurrido, desembocando en la apertura de juicio oral por un delito de prevaricación administrativa.
