El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030 recoge la limitación o reducción de concesiones en primera línea del litoral si ello permite mejorar la eficacia de las respuestas frente a los riesgos costeros. También condiciona el otorgamiento de títulos de ocupación del Dominio Público Marítmo-Terrestre o sus prórrogas. Para ello contempla «la incorporación de criterios objetivables basados en la mejor ciencia disponible». El borrador elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica, ahora en fase de consulta, contempla 81 líneas de acción para hacer frente al impacto de temporales extremos cada vez más frecuentes en las playas valencianas. Además, en este punto coloca sobre la mesa el reconsiderar las actuales concesiones y reducir el plazo temporal de su vigencia. Todo ello pese a que el gobierno de Mariano Rajoy las prorrogó 50 años al modificar la Ley de Costas en 2013.
La nueva estrategia del departamento que dirige la ministra Teresa Ribera contempla la agilización de la revisión de los deslindes del Dominio Público Marítimo-Terrestre, atendiendo también «a datos científicos». Abre para ello la puerta a una revisión normativa de la Ley y el Reglamento de Costas para adaptarlos al aumento del nivel del mar y los daños ocasionados por borrascas como Gloria. Una modificación muy necesaria, según expertos en la materia, tras los estragos causados en toda la zona mediterránea, con notable virulencia en Cataluña y la Comunitat Valenciana. Especialmente en los puntos ocupados por viviendas particulares, paseos marítimos y establecimientos de hostelería.
Deteriorados o muy vulnerables
El texto apunta, incluso, a «las demoliciones de elementos artificiales deteriorados, altamente vulnerables o que sean perjudiciales para la integridad del dominio público y reduzcan su capacidad de adaptación». Hace hincapié también en «intervenciones sobre infraestructuras vulnerables para reducir su sensibilidad ante los riesgos costeros, así como la reubicación de las muy vulnerables». Algunos ayuntamientos, como el de Bellreguard, ya planteó tras el paso de Gloria el debate sobre la necesidad de reconstruir o no su avenida marítima, castigada de forma reiterada en los últimos años.
Desde el ministerio se recuerda que los planes y programas que afectan al espacio litoral deberán incluir las posibles afecciones por el aumento del nivel del mar y los temporales extremos. Algo que se extiende a los puertos de titularidad estatal, que deberán contar con Planes de adaptación en espacios del Dominio Público Marítimo Terrestre, así como los adscritos a las Comunidades Autónomas o puertos transferidos a éstas.
Esta serie de condiciones deberán incorporarse a partir del próximo año y afectarán también a a las planificaciones ya establecidas, como los Planes de Ordenación Territorial que afectan a puntos costeros y los Planes Generales de Urbanismo. «Los planes de ordenación del espacio marítimo deberán incorporar la componente de cambio climático a la hora de ordenar las actividades humanas presentes y futuras en el medio marino», se especifica en las líneas de acción que desarrolla el Miteco. A la pregunta de si se requieren instrumentos normativos para poder hacer cumplir toda esta serie de requisitos, desde el ministerio se apunta a que podría requerir modificación de la normativa de costas relativa a zonas inundables y en regresión grave.
