La política es una disciplina tan sensible a alteraciones que conviene actuar con las espaldas cubiertas. Tener un plan B, dicen en la terminología en boga, siempre que las circunstancias permitan diseñar estrategias con cierta calma. El Consell ansía un «gran acuerdo valenciano» de reconstrucción, que incluya a partidos políticos, principales agentes sociales, sociedad civil y grandes instituciones. Ese es el escenario «deseable», si bien cualquiera puede deducir que no es un objetivo de fácil alcance. Así, el Ejecutivo de Ximo Puig contempla lograr acuerdos parciales, por si la gran meta se atasca y para también ejercer presión a favor.
Con este horizonte, el jefe del Consell abrió ayer una segunda vía para el anhelado pacto. Lo hizo con interlocutores habituales durante esta pandemia: el presidente de la patronal valenciana CEV, Salvador Navarro, y los máximos responsables de los sindicatos UGT PV, Ismael Sáez, y CC OO PV, Arturo León. Todos salieron del encuentro con palabras de apoyo.
El objetivo es llegar por este segundo espacio de debate a un «acuerdo de reconstrucción económica de la Comunitat Valenciana» que fije «las bases de la recuperación de la actividad económica y del empleo». El plan es que pueda ser una realidad durante el mes de julio, cuando también debe llegar a unas conclusiones la comisión de estudio constituida la pasada semana en las Corts con el respaldo de Ciudadanos y la frialdad del PP.
En realidad, los fines de una y otra vía coinciden en bastantes puntos. La comisión parlamentaria busca algún dictamen sobre el reforzamiento de la sanidad pública; la reactivación de la economía y la modernización del modelo productivo, y el fortalecimiento de los sistemas de protección social y el fiscal, además de la posición de la Comunitat Valenciana con respecto al Gobierno central.
Por su parte, la mesa general de diálogo social se reunirá el lunes próximo para activar a partir de ahí las cuatro sectoriales: social, políticas públicas, economía y medioambiental. Todas deben confluir en un paquete de propuestas para la reconstrucción con dos ritmos: unas medidas de carácter urgente y otras con la vista en un horizonte más largo.
La vía política tendrá un impulso por su parte esta semana, ya que Presidencia prevé convocar a los síndics de los grupos parlamentarios mañana para entregarles el informe sobre la coyuntura económica que Puig encargó al IVIE y que puede servir de orientación a la comisión.
Fuentes del Ejecutivo admiten que habrá que ver con el paso de las semanas la disposición de los partidos de la oposición hacia algún consenso. «Pero vamos a intentarlo, que no quede por ello», aseguran. En todo caso, la intención es llegar a unas conclusiones aunque algún partido (en Vox y PP están puestas las miradas) se desmarque.
El plan de Puig hacia un acuerdo amplio, como avanzó este diario, se completa con un tercer frente, de corte institucional. Este se activará la semana próxima y el objetivo es implicar a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, las tres diputaciones y algunos ayuntamientos.
Los tres brazos (en la denominación de las Corts medievales) se espera que confluyan en un gran acuerdo final. En todo caso, parece a priori que los agentes sociales sí que pueden llegar a consensuar unas bases para la recuperación económica y del empleo. De ser así, constituiría un factor de presión de cara a los otros espacios de debate, donde los intereses de cada partido pueden dificultar soluciones de consenso. Y al contrario, si patronal o sindicatos se bajaran de un acuerdo es muy difícil que pactos de amplio espectro prosperaran en los otros frentes de debate.
De momento, las declaraciones fueron ayer de apoyo. «Es el momento del entendimiento», dijo Puig. «El diálogo social es más importante que nunca», señaló Navarro. Las expectativas son «importantes», apuntó León. Sáez ofreció «lealtad para conseguir el mejor resultado posible».
