Cuando el pasado 14 de marzo el Gobierno decretaba el estado de alarma, Cristina Torregrosa sabía que venía una época complicada. Como todos los establecimientos considerados no esenciales, la pequeña cadena de tiendas para la que trabajaba, Wanakay, se vio obligada a cerrar y Cristina, junto al resto de sus 15 compañeros, se vio inmersa en uno de los miles de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que ha provocado la crisis de la covid-19. Lo que nunca se imaginó es que dos meses después se reincorporaría a su puesto de trabajo sin haber visto ni un euro de la prestación que le correspondía.
«Nos hemos hartado de llamar al SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) sin conseguir que nadie contestara, hasta que, al final, esta semana desde la asesoría nos recomendaron enviar un correo para reclamar», señala la trabajadora, que asegura que ha tenido que recurrir a la familia para hacer frente a los recibos y otros gastos «que no han dejado de llegar».
Indignación
El propietario del negocio, Manuel Nieto, es el primero en mostrar su indignación. «Tengo también un restaurante y allí la gente cobró el día cuatro. No sabemos por qué en las tiendas se ha retrasado. No nos han explicado nada», insiste el empresario.
Aunque cada vez son menos -sobre todo, desde que el Gobierno alcanzó un acuerdo para que la banca adelantara el dinero a los afectados sin tener que esperar a principios del próximo mes-, los sindicatos aseguran que siguen recibiendo a diario consultas «de gente desesperada porque no saben nada del ERTE, a pesar del tiempo que ha pasado», reconoce la dirigente de UGT Yaissel Sánchez.
La doble tramitación que deben superar los expedientes para que los afectados puedan cobrar no ayuda a acortar los plazos. Primero es la Dirección General de Trabajo de la Generalitat, como autoridad laboral, la que debe dar su visto bueno, y luego la empresa debe solicitar las ayudas para sus trabajadores ante el Sepe.
En el primer caso, la Conselleria de Economía ya ha resuelto 23.294 expedientes, que afectan a 113.042 trabajadores alicantinos (sin tener en cuenta los incluidos en ERTE de empresas que operan en varias provincias, que contabiliza aparte), pero tiene otros 2.327 procedimientos, con 16.452 afectados todavía en tramitación.
Una parte se corresponde con los presentados en las últimas semanas, pero otra parte significativa pertenece a ERTE presentados por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción que son más complicados -y, por tanto, más lentos- de tramitar que los de fuerza mayor, los provocados por el cierre obligatorio de establecimientos, que la Administración autonómica logró despejar en tiempo récord agrupándolos por actividades.
Fallos en la cuenta o el DNI
Más complicado es conocer la situación de los ERTE que ya han pasado a la segunda fase, es decir, al Sepe, para que reconozca las prestaciones, ya que este organismo sólo facilita datos parciales. Así, la única cifra que ofrecen es que en abril se aprobaron 138.333 nuevas prestaciones en la provincia, sin desglosar cuántas corresponden a ERTE y cuántas son por otras causas (no hay que olvidar que entre marzo y abril se fueron al paro definitivamente más de 30.000 alicantinos).
En el ámbito estatal, desde el Ministerio que dirige Yolanda Díaz sostienen que han reconocido ya más del 98 % de las peticiones que les han llegado y que las que siguen pendientes se deben a los errores que contenían los expedientes remitidos por las empresas o las asesorías.
Errores como fallos en un dígito del número de cuenta, en el DNI o incluso empresas que no habían incluido a parte de sus trabajadores en el expediente, según explican las mismas fuentes, que recalcan que se trata de un «proceso muy laborioso, ya que hay que hacerlo de forma individualizada, contactando con empresas y trabajadores».
Unos fallos a los que también apuntan la responsable de UGT en l'Alacantí, Yaissel Sánchez, o el secretario de Empleo en CC OO en l'Alacantí, José María Ruiz Olmos, que destacan el esfuerzo que están realizando los funcionarios y reclaman que se tomen medidas, como el refuerzo de personal, para evitar que vuelva a formarse un cuello de botella si se repite una situación como la actual.
Como es lógico, los profesionales de las asesorías no están de acuerdo. «No aceptamos que se nos criminalice de esta forma. Hemos podido cometer errores, pero también ha habido falta de instrucciones claras por parte de la Administración y problemas, por ejemplo, con los registros», apunta la presidenta del Colegio de Graduados Sociales, María Antonia Oliva, que explica, por ejemplo, el caso de expedientes que remitió a través del Registro Electrónico Común de las Administraciones Públicas el pasado mes y que le aparecieron como recibidos por el Sepe el pasado día 20. «Lo que deberían admitir es que, simplemente, han tenido una cantidad de trabajo enorme», señala Oliva.
Cabe recordar que la Comunitat Valenciana suma un total 64.989 solicitudes de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo desde que se inició el estado de alarma, que afectan a un total de 408.184 trabajadores, según los últimos datos facilitados por la Conselleria de Economía Sostenible.
De estos 64.989 expedientes, --unos por causa de fuerza mayor y otros por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas (ETOP)-, la Administración ha resuelto 57.423, que afectan a un total de 327.870 trabajadores.
La Dirección General ha recibido 802 solicitudes de ERTE, la Dirección Territorial de Valencia ha contabilizado 30.799 expedientes, la de Alicante 25.621 y Castelló 7.767 expedientes.
