La llamada de auxilio de la Federación Valenciana de Municipios (FVMP) por los problemas de liquidez que comienzan a experimentar los ayuntamientos como consecuencia de la pandemia de la covid-19 comienza a sustentarse en cifras empíricas. El número de corporaciones locales valencianas que no pudieron cumplir el plazo de 30 días determinado por la ley para saldar facturas con proveedores se multiplicó por dos al cierre del primer trimestre del año: de las 78 entidades contabilizadas en diciembre a las 167 de principios de abril. De ellas, 60 tardan más de un mes en pagar sus obligaciones pendientes. En dicho periodo, el periodo medio de pago en el ámbito local aumentó un 49%, de los 21,1 días a los 31,5 días.
El repunte de los tiempos de espera a la hora de saldar obligaciones es habitual en los primeros meses del año, por las operaciones acumuladas, pero lo verdaderamente significativo del último balance ofrecido por el Ministerio de Hacienda es que la cifra de ayuntamientos que rebasaron el plazo legal en marzo creció un 40 % respecto al mismo mes del año anterior, 2019, cuando 119 corporaciones (48 menos que en 2020) pagaron sus facturas a más de 30 días y la demora se situó en 27,5 días, lo que implica una subida del 14%.
La situación de emergencia ha obligado a los ayuntamientos a desplegar gastos extraordinarios para atender necesidades sobrevenidas que no estaban contempladas en los presupuestos municipales, por lo que es previsible que la morosidad siga al alza en el segundo trimestre, cuando se acumulen los datos de abril, mayo y junio.
La declaración del estado de alarma y la prolongada suspensión de los plazos administrativos también han complicado el funcionamiento normal de las entidades locales, con medios y recursos limitados para afrontar una coyuntura como la generada por la Covid-19 y muchos trámites burocráticos acumulados que resolver. Los proveedores son los que terminan soportando la demora en el cobro, un factor añadido al parón de la actividad habitual.
En ese contexto, los alcaldes han intensificado sus demandas para que el Gobierno les libere de los mecanismos de austeridad impuestos durante la última recesión para poder disponer del superávit bloqueado por la Ley de Estabilidad y elevar su capacidad de gasto. Los consistorios se están sumando en masa a una moción remitida por la FVMP cuyas reivindicaciones retumbaron el lunes en el Palau de la Generalitat, tras el encuentro que reunió a representantes del municipalismo para articular la reconstrucción económica tras la pandemia.
En ese sentido, alcaldes como Joan Ribó han advertido de que se les están agotando los remanentes de los que disponen por el incremento del gasto en partidas sociales y de incentivación económica.
Además, incumplir la ley de morosidad no sale gratis. Ajustarse al periodo medio de pago supone un requisito para que las administraciones locales puedan invertir parte de sus ahorros y no tengan que aplicar recortes. Superarlo implica tener que elaborar un plan de ajuste económico-financiero que garantice que la corporación está en condiciones de rebajar los plazos en el abono de facturas y de alcanzar niveles de solvencia.
Los consistorios de la provincia de Castelló son los que, de media, tardan más en pagar a proveedores, 34,12 días. Les siguen los municipios alicantinos, que saldan facturas a los 32,12 días, y los valencianos, que lo hacen a 26,5 días. En cambio, la diputación de Castelló tarda apenas 20,22 días en cumplir sus obligaciones, frente a los 25,2 días de la Diputación de Alicante y los 29,51 días de la diputación valenciana.
Villores, el más moroso
El índice de morosidad más elevado en marzo se registró en la población castellonense de Villores (42 habitantes), con un periodo medio de pago de 1.005 días. A continuación estan las entidades de Santa Magdalena (328 días de media), Navajas (213 días), Bellús (200 días) y Orxa (149 días). En cambio, las principales ciudades del territorio cumplen los plazos marcados por la ley, al igual que lo hacen de media la mayoría de municipios: el consistorio de València paga a 29,51 días, el de Castelló a 20,22 días y el de Alicante a 25,23.
Por lo general, las mancomunidades saldan facturas a 25 días, aunque la de la Vall d'Albaida se halla entre las más incumplidoras: paga a proveedores a 169,1 días por las deudas acumuladas.
