La Fiscalía General de Medio Ambiente, un año más, ha puesto la lupa sobre aquellos municipios con especial riesgo por orografía y antecedentes, y a los que lleva ya dos años reclamando los obligatorios Planes Locales de Prevención de Incendios Forestales. Como ya publicó Levante-EMV en su edición del pasado domingo, de los 525 consistorios que deberían contar ya con este instrumento, solo cumplen 69. El 87 % , pues, no dispone de este instrumento, con un total de 456 entidades locales que incumplen. En los últimos tres meses, la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica ha aprobado solo ocho documentos de otros tantos ayuntamientos.
Desde el departamento de Mireia Mollà se incidía ayer en que el pasado mes de febrero se envió una circular recordando a los distintos responsables municipales que siguen sin tener ningún documento presentado y que podrían incurrir en un delito de producirse algún incendio según la advertencia de la Fiscalía de Medio Ambiente.
Un total de 268 en tramitación
Conselleria aseguraba, además, que tienen cuatro planes más a punto de ser aprobados y que en tramitación hay un total de 268. Desde el verano de 2018 hasta ahora, más de 250 localidades se acogieron a las ayudas que en su día repartió la entonces consellera del ramo Elena Cebrián para poder acometer la redacción de los PLPIF. Aunque estaban obligados a presentarlos en julio de 2019, los plazos se han ido demorando. Circunstancia que llevó al fiscal de Medio Ambiente, Antonio Vercher, a volver a apercibir a los responsables municipales con el aviso de que no contar con el documento se consideraría un delito en caso de producirse un fuego. La carta la remitió Vercher a 53 alcaldes y alcaldesas a través de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Fiscalía considera que estos planes «son una obligación legal», ya que su existencia es «claramente positiva» y lo contrario tiene «efectos claramente negativos».
