La llamada al orden en la que de alguna manera se convirtió el encuentro del miércoles entre la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, y los responsables de las subsecretarías de las doce conselleries ha acabado por bajar la tensión acumulada días atrás en el seno del Consell. Las conselleries de Compromís rebeldes con el acuerdo del Consell promovido por el departamento de Bravo sobre la incorporación presencial del cien por cien de la plantilla funcionarial han acabado por asumir que mantener el enfrentamiento no conduce a ningún lugar y que será más fácil tratar de encontrar algún atajo para sortear la norma que cambiarla.
La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, vino ayer en cierto modo a sumarse a esta estrategia y, con un tono mucho más conciliador que la semana pasada, vino a reclamar que, aunque el acuerdo se quede como está, la reincorporación del personal de la Generalitat «no es una tabla rasa» y hay que analizar cada caso «persona a persona y uno a uno».
Oltra defendió que el acuerdo del viernes es un marco general, pero cada departamento tiene unas circusntancias y debe concretar ese plan general, teniendo en cuenta que lo esencial es «preservar la salud y seguridad de los trabajadores». En este sentido, señaló que ese acuerdo puede cambiar en función de marcos generales, pero aterrizar a lo concreto, lo hará cada departamento, y en algunos casos requerirá que se cambie el marco general y en otros no. Oltra mantuvo la idea de cambio en la norma, pero la realidad es que el asunto no se abordó en el pleno del Consell a pesar de que una semana antes la vicepresidenta dio por hecho que se haría.
Una de las pegas principales que pone Compromís a esta resolución es que obliga a la incorporación del cien por cien de la plantilla (salvo vulnerables) y elimina cualquier opción alternativa al teletrabajo, algo que sí contemplaba la normativa anterior emitida durante el estado de alarma.
No obstante, Oltra siguió defendiendo ayer el trabajo no presencial en casos concretos y puso el ejemplo de personas en situación de riesgo que, de no tener alternativa de teletrabajo, podrían pedirse una baja. «Tanto a la administración como a la sociedad les conviene que esas personas puedan teletrabajar», dijo. «Esto no es tabla rasa y ya está, cuando bajas al detalle hay que ver persona a persona y uno a uno porque cada persona tiene unas circunstancias, necesidades y riesgos», remarcó.
