Dos meses y medio después de que trascendieran los planes de Mireia Mollà para fusionar la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar) y Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus (Vaersa), la operación sigue estancada. O eso parece. La Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica elaboró un borrador de decreto del que poco más se supo excepto que se ha topado con serios reparos por parte de la Abogacía de la Generalitat. Ni ha llegado al pleno del Consell, ni tampoco los sindicatos de ambas entidades tienen más noticias que lo que trascendió a mediados de mayo.
Un informe del órgano consultivo obligaba en febrero al departamento de Mollà a reestructurar Vaersa, una empresa pública creada hace treinta y cuatro años y que tenía la consideración de medio propio instrumental de la Generalitat. Aunque el ente tiene encomendada la gestión de residuos, desde hace años se encarga de los parques naturales o la prevención de incendios, además de otras tareas delegadas por el Consell, las denominadas encomienda de gestión.
Mollà anunció la creación de un nuevo ente, de nombre Evasa, para dar cobijo legal a Vaersa de la mano de la Epsar. Pero a las preguntas reiteradas de Levante-EMV de en qué punto está el asunto, la respuesta es que no hay novedades. Sin embargo, en una reciente respuesta parlamentaria al Partido Popular, la consellera asegura que el decreto «se encuentra en tramitación y conversaciones con otras consellerias implicadas». La gestión de Vaersa también había sido cuestionada por la Sindicatura de Comptes que había detectado incumplimientos en los gastos de personal.
Un auto del TSJ por cumplir
A los reparos de la Abogacía de la Generalitat, que habría expuesto la inviabilidad del nuevo ente Evasa, se suma un informe del sector público que alertaba sobre deficiencias como la carencia de un estudio de viabilidad y económico, o la falta de disposiciones claras en materia de personal. Además, hasta catorce colectivos integrados en la Red Valenciana por el Agua Pública había mostrado su rechazo. Para UGT, el problema del Decreto Ley «es el incumplimiento de lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores en materia de subrogación del personal». «Según el borrador, la nueva entidad no se haría cargo de los derechos y obligaciones laborales» , explican. Cuestión que dificultaría el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que daba la razón a UGT y en la que se reconocía la fijeza para el personal de las encomiendas de gestión. Un auto judicial cuyo término de ejecución expira el 14 de agosto.
