Los alcaldes del PP, Compromís y Esquerra Unida no son los únicos que están declinando la oferta del Gobierno para liberar gasto en los ayuntamientos a cambio de la cesión de la hucha municipal al Estado. El equipo de gobierno de Dénia, dirigido por el socialista Vicent Grimalt, anunció ayer su decisión de no entregar unos remanentes que el consistorio recalca como necesarios para hacer frente tanto a las necesidades derivadas de la crisis como a las sentencias por importe de 4,5 millones que la administración local tiene pendientes de pagar. Fuentes municipales hacen hincapié en que los meses de la pandemia han generado una merma recaudatoria de 2 millones de euros en el primer semestre del año. Como consecuencia de la covid-19, el ayuntamiento acordó destinar un 20 % del superávit de 2019 a ayudas a las personas y sectores más vulnerables.
A través de un comunicado, todos los grupos políticos de Dénia compartieron la decisión para «defender los intereses del municipio y sus competencias». Grimalt, que incide en que la situación económica y la deuda desaconsejan sumarse al plan, pide alternativas para que los consistorios puedan liberar el dinero bloqueado, desasiéndose de las ataduras de la regla de gasto.
Otros munícipes del PSPV han sido críticos con la propuesta. Guillem Alsina, alcalde de Vinaròs, cuestionó hace unos días que el Gobierno marque las partidas donde los ayuntamientos pueden gastar el superávit. «Es una oportunidad perdida para recuperar la autonomía municipal en cuanto al destino de los remanentes se refiere», afirmó. Otros municipios con alcalde socialista, como el de Alcoi, tampoco podrán adherirse porque carecen de remanente y han tenido que destinar todos sus recursos a saldar deuda.
