Salvarse juntos o hundirse separados. Es la expresión del mexicano Juan Rulfo con la que Ximo Puig acabó su discurso en el debate de política general, el primero de esta legislatura, marcado de principio a fin por la pandemia. Acabado el día, a eso de las 19.20 de la tarde, un observador externo diría que el naufragio parece tan cercano como la tabla de salvación.
Lo visto y oído ayer en las Corts sitúa al PP lejos de cualquier acuerdo, dado el acerado cruce de palabras entre la líder popular y el president de la Generalitat. Deja a Ciudadanos a la expectativa, muy crítico con la gestión de la crisis, pero con las puertas abiertas de par en par al pacto. Y permite ver a los socios en el Ejecutivo tan leales como desconfiados ante los cantos a una unidad que consideran que pone en peligro los progresos del Botànic. Vox está en otra partida, en un mensaje catastrofista y sin salida. Puig comenzó la jornada con un intento de tomar la delantera en la recuperación con un plan de 410 proyectos por valor de 21.134 millones hasta 2027 (ayer se llevaron las líneas maestras a la Moncloa) y un afán político por situar a la C. Valenciana como líder de una nueva España diversa, tan alejada de independentismos como de recentralismos.
Sin embargo, al final, más que el cómo salir de la crisis fue el con quién el que dominó la jornada. Fue el río subterráneo que impregnó todas las intervenciones. Salvo la de Vox, claro. ¿Con Cs y tal vez el PP o solo el tripartito? «Si hemos comenzado este viaje juntos, hemos de continuarlo juntos», dijo Puig. Se refería a los acuerdos de reconstrucción (Alcem-nos) sellados con los partidos (salvo Vox), las instituciones y los agentes sociales antes de agosto. «No tendría sentido haberlos pactado y no concretarlos ahora en las decisiones que nos esperan». Se refería a los presupuestos de la Generalitat de 2021, en fase de elaboración. «No se aparten del camino», pidió. El mensaje iba a la oposición, pero encontró respuesta especialmente en los socios.
Unides Podem alertó de una «ofensiva de las élites» contra los gobiernos progresistas y situó en el horizonte una encrucijada de caminos (ya se presentó en 2015): seguir la senda del Botànic, cuyos logros ensalzó, o la de los gobiernos donde está Ciudadanos, un «proyecto neoliberal de corrupción», como en Madrid, dijo Naiara Davó. «No hay espacio para falsos consensos», dijo. «No hay alternativa al Botànic», sentenció. «No es momento de frenar el Botànic, sino de más Botánic», abundó el síndic de Compromís. Fran Ferri. Puig subrayó en su intervención final que el Ejecutivo es plural y no siempre coincide, pero «es un gobierno, no varios».
La intervención de Ferri dejó otro sabor. A la hora de ensalzar el Botànic se explayó en las acciones de las conselleries de Compromís y pasó de puntillas por el resto. Incluso cuestionó que no se hayan seguido con más firmeza posiciones de la coalición: «El riesgo es la inacción repleta de palabras bonitas». Y citó Intu. El consenso o no para salir de la emergencia es el hit del debate político. Tanto que los anuncios concretos que el jefe del Consell dejó parecían pasado a las pocas horas al pasar inadvertidos para la mayoría de oradores, centrados en otros focos. Pero fueron bastantes, como una paga adicional a los empleados de la sanidad pública y las residencias, la prórroga de los contratos a los sanitarios y la creación de un nuevo Servei Valencià de Salut y una comisionada para la transformación de la Atención Primaria. También un plan para la Juventud. Los 410 proyectos dependen de la UE. No están asegurados, pero tener proyectos es el primer paso para llegar al dinero. Los 21.134 millones son más del 10 % de los 140.000 que corresponden a España, pero Puig cree que podrá haber aportaciones de la Generalitat si no alcanza. Lo que no está claro es si será con consenso.
Con Cataluña en fuera de juego del tablero estatal por su proyecto secesionista y Madrid en cuestión por la gestión de la pandemia y los agravios fiscales con el resto de territorios, Ximo Puig lanzó ayer la idea de una C. Valenciana que lidere la reforma territorial de la España diversa y plural. La que está tan lejos de ideas recentralizadoras como de aventuras independentistas. Es el mensaje de mayor calado político que deja este debate de inicio de curso. Puig habló sin tapujos de la voluntad de liderar un nuevo eje político. La reforma territorial de España es un tema clásico en la agenda del Consell. Llegó a elaborar una propuesta de nueva Constitución con ese enfoque. La deslealtad de Madrid con el resto de comunidades es otro asunto habitual en los discursos importantes de Puig. Ayer lo recuperó con fuerza a partir de un estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE). Este dice, por ejemplo, que 9 de cada 10 contratos estatales se gestionan desde Madrid, y casi el 60 % de adjudicaciones se hacen a empresas residenciadas en la capital.
«Madrid puede permitirse dejar de ingresar 4.100 millones anuales con rebajas fiscales fruto de su dopaje por el efecto capitalidad». «Todo esto no es ni racional, ni justo, ni sostenible». «No estamos contra nadie, pero tampoco dispuestos a resignarnos», dijo. No es un debate identitario, insistió, pero Madrid es una «gran aspiradora» que absorbe recursos, población, funcionarios y redes de influencia. Y mientras, la reforma de la financiación autonómica sigue esperando. Puig reiteró su mensaje reivindicativo. «Siempre exigiré una financiación justa y unas inversiones justas. Con independencia de quien gobierne», dijo. Sin embargo, la oposición le recordó el retraso ya en una propuesta y cómo con Mariano Rajoy hubiera tenido otra actitud a la de ahora.
