Los despachos de abogados, graduados sociales y gestores administrativos andan estos días desbordados de trabajo al hilo de la nueva oleada que se avecina de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), cuyas condiciones para la prórroga han aceptado esta pasada semana los sindicatos mayoritarios Comisiones Obreras y UGT con el Ministerio de Trabajo así como con la patronal CEOE. Respaldan por unanimidad la prórroga de los ERTE hasta 2021 al extenderse a comercio y hostelería.
Paralelamente, este nuevo escenario de la era covid-19 provoca que los profesionales laboralistas reciban una oleada de consultas de trabajadores que quieren adelantar su jubilación por miedo a recortes en sus pensiones, lo que afecta tanto a asalariados como a autónomos. Con todo, para evitar un aluvión de prejubilaciones de trabajadores que busquen escapar de un empeoramiento posterior, el Ejecutivo central pretende, de forma gradual, endurecer la jubilación anticipada y prevé adoptar mecanismos que la desincentiven sobre todo para los trabajadores con salarios más altos. Así lo reconoció recientemente el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, durante su comparecencia en la comisión del Pacto de Toledo, que aborda el futuro de las pensiones. Allí destacó la necesidad de una mayor aproximación entre la edad efectiva de jubilación (64,6 años en la actualidad) y la edad legal (65,8 años en 2020), que alcanzará los 67 años en 2027.
Muchas personas de edad avanzada reclaman información y preparan cálculos de cómo les podría quedar la pensión si dejaran de trabajar en ese momento. Incluso tienen miedo a perder su empleo y prevén muchas dificultades para encontrar otro tal como está la situación ahora mismo. Temen que el Gobierno de Pedro Sánchez, para hacer frente a la crisis del coronavirus, pueda poner en marcha algún tipo de recorte en las pensiones.
Según la presidenta del Colegio de Graduados Sociales de València, Carmen Pleite Broseta, «la inseguridad jurídica que provocaron los ERTE era grande al principio. El tema se complicó bastante cuando tuvimos que tramitar las prestaciones en el Servicios Público de Empleo Estatal (el antiguo INEM) porque no tenía las instrucciones muy claras y las oficinas estaban cerradas. No podían ir a solicitarlas los empleados y cargó de trabajo los despachos durante mucho tiempo», explica la dirigente de esta institución.
Pleite destaca además «la oleada de consultas de trabajadores que quieren adelantar su jubilación por miedo a posibles recortes en sus pensiones». Con las prejubilaciones se aplican coeficientes reductores en la prestación, que sí es completa con 38 años cotizados y si la jubilación es a los 65 años de edad. «Hay que tener en cuenta que muchos ERTE pueden terminar en ERE ante la gravedad de la situación económica. Los comercios pequeños -puntualiza- se tienen que reinventar, como la hostelería. Por eso, trabajadores de más edad, incluidos los autónomos, en algunas ocasiones, se quieren jubilar anticipadamente ante posibles pérdida de ventajas», indica la presidenta del Colegio de Graduados Sociales.
En ese sentido, resalta la multitud de despachos de abogados laboralistas, graduados sociales o gestores administrativos que afrontan consultas masivas de sociedades que pretenden poner en marcha regulaciones de empleo y despidos para aliviar su alarmante falta de carga de trabajo.
Letrados y expertos en derecho laboral sostienen que muchos expedientes de regulación temporal de empleo se transformarán en ERE porque muchas empresas son inviables. Desde el despacho de abogados Garrigues se asegura que la petición de información es más de las personas que de las empresas. «Los clientes no nos están transmitiendo directamente esta inquietud, dada la idiosincrasia de nuestros clientes, que son empresas. No obstante, indirectamente sí nos consta una inquietud en los trabajadores de cierta edad por el futuro de sus pensiones de jubilación, sobre todo en cuanto al retraso en la edad de acceso; en particular, aquellos que están en edad de posible acceso a jubilación anticipada, sí tienen el temor de que la misma se restrinja», explica Fernando Crespo, socio responsable del departamento de Derecho Laboral de Garrigues en València.
Pilar Gómez, contadora del Colegio de Gestores Administrativos de València, entidad que aglutina a 400 profesionales, explica que los profesionales de este sector durante estos últimos meses «se han visto desbordados» por las consultas y cierta inseguridad jurídica con la tramitación de los ERTE y las actividades reconocidas como esenciales por el Real Decreto de 14 de marzo», puntualiza. «También hay muchos trabajadores que se quieren prejubilar, incluidos los autónomos», aclara. En su opinión el anuncio del Ministro de Seguridad Social de que se ha acabado el «café para todos» en los expedientes de regulación temporal de empleo y en la jubilaciones anticipadas de trabajadores ha puesto en alerta a las empresas y a los trabajadores.
