Más de un 47 % de las 851 entidades que componen el sector público local de la Comunitat Valenciana incumplieron en 2018 la obligación legal de remitir al Tribunal de Cuentas (TC) su relación de contratos mayores formalizados con empresas privadas. Es la poca halagüeña conclusión a la que llega la Sindicatura de Comptes en un informe que pone la lupa sobre la Diputación de València como la corporación con un mayor volumen de contratos comunicados, pero no entregados al órgano supremo de fiscalización del Estado, tanto por número como por importe global de adjudicación.
La institución provincial es una de las 58 administraciones que sí enviaron al TC el listado exigido, pero sin incluir la copia de todos los expedientes requeridos. En concreto, 18 contratos formalizados en 2017 por un importe total de 33 millones de euros, correspondiente a obras y servicios de conservación y mantenimiento de carreteras, nunca llegaron al organismo estatal y escaparon por lo tanto de su control.
El artículo 29 de la Ley de Contratos obliga a las entidades locales a entregar al Tribunal de Cuentas, dentro de los tres meses siguientes a la formalización, la copia certificada del documento de adjudicación, acompañada de un extracto del expediente, cuando los contratos superan los 600.000 euros en el caso de las obras, los 450.000 euros en el caso de los suministros y los 150.000 euros en el caso de los servicios.
Junto a la diputación, la Sindicatura destaca también los incumplimientos de la Empresa Municipal de Transporte, SA (EMT) de València y del Consorcio de Residuos dependiente de la Diputación Alicante por el importe de los contratos no remitidos que sí fueron incluidos en la relación anual de expedientes suscritos. La primera sociedad pública se olvidó de enviar al Tribunal de Cuentas cuatro contratos valorados en 21,9 millones de euros que corresponden a los servicios de publicidad exterior en autobuses y limpieza interior, así como otros dos contratos de suministros para la adquisición de nuevos autobuses. Por su parte, el Consorcio para la Ejecución de las Previsiones del Plan Zonal de Residuos de la Zona 7 no trasladó al órgano fiscalizador un contrato de 10,1 millones cuyo objeto era el servicio de tratamiento de residuos urbanos. El Ayuntamiento de Alicante tampoco entregó 13 contratos que sumaban 7 millones.
La Sindicatura detecta discrepancias entre los listados de expedientes notificados y los finalmente entregados al TC en otras 54 entidades. Los ayuntamientos acumulan 40,7 millones en contratos no remitidos, cifra que asciende a 35,5 millones en el caso de las diputaciones (el 93% correspondiente a la de València) y que en las mancomunidades alcanza los 1,3 millones. Las sociedades mercantiles públicas tampoco han entregado contratos por valor de 4 millones de euros que constan entre sus expedientes.
«Bajo grado de cumplimiento»
La auditoría advierte del «bajo grado de cumplimiento» de la normativa, puesto que 401 de las 851 entidades locales valencianas ni siquiera remitieron al TC en 2018 su listado de contratos formalizados en el ejercicio precedente. Únicamente el 31,5 % lo hicieron dentro del plazo estipulado de tres meses desde su materialización. 108 entidades, en cambio, comunicaron que no tenían que entregar ninguna información porque -por su pequeño tamaño- no habían suscrito ningún expediente por encima del umbral a partir del cual los contratos dejan de tener la consideración de menores.
Otros 125 expedientes (el 35,4%) por importe de 69,7 millones de euros se enviaron fuera de plazo. Dentro de las entidades que no remitieron ninguna comunicación al Tribunal de Cuentas figuran 279 municipios, 40 mancomunidades, 17 fundaciones públicas, 44 sociedades mercantiles, dos áreas metropolitanas y 17 organismos autónomos.
Un puente municipalista para salvar el abismo de Bruselas
Adentrarse en el complejo entramado burocrático de Bruselas puede convertirse en un infierno para los ayuntamientos. Ante el reto captar y ejecutar la máxima cantidad de recursos comunitarios , la Generalitat y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) han puesto en marcha Pont a Europa, la primera oficina de orientación, formación y seguimiento en materia de proyectos europeos pensada como un catalizador para que los municipios lo tengan más fácil a la hora de intentar salvar el abismo que les separa de Bruselas, mediante la cooperación y el trabajo en red.
La puesta de largo del proyecto reunió ayer a dos eurodiputados, tres directores generales, un secretario autonómico y a los dos máximos dirigentes de la FVMP, Rubén Alfaro y Diego Gómez.
