La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, anunció ayer que llevarán a cabo acciones para «garantizar la libertad educativa» y en contra de la «Ley Celaá». Así, avanzó que presentará mociones en las Corts, las diputaciones y los ayuntamientos. Además, Bonig garantizó que «si el PPCV gobierna en 2023» en la Comunitat Valenciana «derogará la ley del chantaje lingüístico del Botànic». Además, señaló —tras reunirse con sindicatos educativos, patronal, inspectores y asociaciones de padres y alumnos— que en el ámbito estatal, el PP presentará un recurso de inconstitucionalidad y llevará la Lomloe al Parlamento Europeo.

«Para nosotros la libertad de elección de los padres es fundamental, el apoyo a la escuela pública y la concertada es fundamental y la posibilidad de elegir la lengua vehicular también», aseguró Bonig.

Por su parte, Manolo Mata, síndic del PSPV en las Corts, lamenta que el PPCV «vuelva a caer en la irresponsabilidad de criticar la ‘ley Celaá’» y ha pedido a la presidenta de los populares valencianos que «no distorsione con mentiras y tergiversaciones lo que de verdad dice la nueva norma educativa»: «su única pretensión es que nadie se quede atrás, que haya igualdad y que el multilingüismo de nuestro Estado quede asumido». «Las críticas de los populares están basadas en mentiras y tergiversaciones de la realidad», lamenta Mata.