La llave no entra, no hay manera de que encaje en la cerradura. Prueban en las cuatro puertas del rellano, pero es imposible. «Es esa», insiste una de las técnicas de la Generalitat señalando una entrada basándose en la numeración del piso de abajo. Nada. Quitan el embellecedor de la cerradura y lo confirman: «Han okupado la casa». «Habíamos venido hace 15 días», lamenta una funcionaria del servicio de Conservación de Vivienda. Es uno de los problemas a los que se enfrentan desde el Evha (Entitat Valenciana de Habitatge) a la hora de reencarnar viejos pisos en nueva vivienda social.
La escena, expresan, es una excepción, un porcentaje muy reducido de casos que acaban con una casa recién adquirida por la Generalitat en una okupación. «Es muy minoritario, pero es cierto que nos pasa más que a particulares y que suele ser gente del edificio que sabe que está vacía, que es pública y que es más difícil que la reclamen», indica la subdirectora de Intervención Social, Helena Ferrando.
«Esto puede hacer que en vez de estar en tres meses lista y adjudicada a una familia, tardemos ocho o nueve meses», advierte el director general del Evha, Alberto Aznar. El organismo es el encargado de gestionar toda la vivienda pública que entra a formar parte del parque autonómico. Estos llegan procedentes de compras a entidades financieras (como el acuerdo con Sogeviso del Banco Sabadell), el concurso de compra a particulares o el derecho de tanteo sobre Viviendas de Protección Oficial que fue ejecutado por primera vez en 2018 y que este 2020 está en torno a la veintena.
Estas viviendas de segunda mano son las que posteriormente son adjudicadas como alquiler social. Sin embargo, pese a que las casualidades hacen que la lista de demandantes coincida con la de pisos vacíos, 14.000, este reparto no llega de forma inmediata. Lo demuestra el caso de Adam y Marisa que la semana pasada estuvieron amenazados de ser desahuciados pese a tener una vivienda asignada que, no obstante, no estaba en condiciones.
Según cuentan Ferrando y Aznar, muchas de las casas que llegan a manos de la Generalitat y, por tanto, de la EVHA tienen 40 años y necesitan reforma. El coste medio está en torno a los 15.000 euros y se suele tardar entre un mes y medio y tres meses según las necesidades con las que cuente cada una de las viviendas.
«Hay de todo, se nota mucho si eran de un particular que vivía en esa casa porque suelen estar mucho más cuidadas que las que estaban vacías o las que son de bancos», explica Aznar. El cuidado de humedades y pintar suelen ser las necesidades más habituales. En otros casos, cambios de ventanas, repaso de la instalación eléctrica, renovación del mobiliario de la cocina, remodelación del baño o instalación de una nueva caldera.
Problemas en la cuarentena
Desde la dirección de la entidad aseguran que el objetivo es que el año que viene estén reparadas todas las viviendas que estaban pendientes. «Hace cuatro años había 100 rehabilitadas, ahora hay unas 500, hemos multiplicado el número por cinco», defiende Aznar, que admite que se ha tenido que externalizar el informe de evaluación para la remodelación de estas casas, de las que se encarga una empresa adjudicataria.
La pandemia dificultó esta tarea al paralizarse las obras por el estado de alarma. Posteriormente los decretos gubernamentales declararon la rehabilitación de vivienda como actividad esencial aunque, según cuenta Aznar, «muchos vecinos escuchaban ruido de obras y llamaban a la policía que se plantaba allí y teníamos que gestionar y explicar que sí que estaba regulado». También sufrieron el retraso de la llegada de materiales que se bloquearon por el cierre de almacenes o porque llegaban de otros países.
«Necesitábamos avanzar en la reparación de viviendas porque había y sigue habiendo mucha gente en una situación dramática y cuanto más retrasos, más difícil se vuelve la situación», añade Helena Ferrando, quien remarca que la vivienda, especialmente para las personas en una situación vulnerable, «es una primera necesidad, no existes si no tienes una dirección».
En la documentación que lleva encima visitando una de las viviendas reformadas, Aznar indica que esa irá destinada a una familia con cuatro hijos, uno de ellos con discapacidad, que están conviviendo con unos familiares y que sus ingresos dependen de «trabajos temporales». Otra vivienda, en la misma calle, también cuenta con destinatarios (dos hijos, uno de ellos con dependencia) aunque todavía guarde los muebles del anterior inquilino y quede pendiente una reforma de ventanas, cocina y pintura. «La mejor medida antiokupa es que la casa se adjudique pronto», sentencia Aznar, ante un piso que tendrá una segunda (o tercera, o cuarta) vida.
