Han pasado dos semanas desde que las 38 familias que habitan en un edificio de La Pobla de Vallbona de la calle San Sebastián supieran que el 9 de diciembre tenían que abandonar su casa. Desde entonces han movido cielo y tierra, junto a la PAH, para paralizar la orden de alzamiento y ganar algo de tiempo para encontrar una alternativa, en lo que ya están trabajando tanto el Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona como la Conselleria de Vivienda.

Hasta saber qué decide el juzgado, las 38 familias y la PAH se han manifestado esta mañana en el centro de València. El último enclave ha sido la sede de la entidad bancaria a la que pertenece el edificio y, hasta ahora, no han sido atendidos. "No quieren vernos, estamos intentando que suban dos personas y nada, ni siquiera nos cogen el teléfono", lamentaba Neli Dasay, una de las inquilinas de estas viviendas.

Su caso es paradigmático porque tiene un contrato firmado en 2015 por el que arrendaba una de las viviendas. Un año y medio después, fue la Policía Local la que le advirtió que el edificio ya no era del particular que lo había construido si no que le había sigo embargado. "Fui al banco a decirles que le pagábamos a ellos el alquiler, pero nada", explica. Este pasado agostó venció el contrato, firmado para 5 años, pero que no tiene validez ni vigencia judicial porque nunca pasó por el PROP.

La marcha ha comenzado frente a la sede del PSPV, partido que "no apoyó el decreto que paralizaba todos los desahucios", explica José Luís, uno de los portavoces de la PAH València. Allí han sido atendidos por el secretario de organización, José Muñoz, por la portavoz socialista de Vivienda en Les Corts Valencianes, Sabina Escrig, el diputado socialista por València en el Congreso, Vicent Sarriá, el director general de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha), Alberto Aznar y la secretaria de Infraestructuras y Vivienda del PSPV-PSOE, Marta Trenzano.

Muñoz ha subrayado que “desde la Generalitat se está colaborando activamente para evitar que personas vulnerables sean desahuciadas de sus casas”, y ha añadido que “tanto el gobierno valenciano como el Gobierno de España han incrementado las partidas presupuestarias destinadas a vivienda para aumentar la vivienda pública".