Once consellers han pasado por la Conselleria de Sanidad desde que el socialista Joaquín Colomer anunció hace un cuarto de siglo la ampliación del hospital Clínico de Valencia a través de la anexión de los terrenos de la antigua escuela de Agrónomos. Y dos de ellos -los populares Manuel Cervera y Luis Rosado- se sentarán en breve en el banquillo de la Audiencia Nacional en la pieza del caso Gürtel que versa sobre el «multifraccionamiento» de contratos menores con los que la Generalitat regó a Orange Market, entre los cuales figuran los relativos la presentación de un convenio para el inicio de las obras del centro hospitalario que nunca llegó a materializarse.
El expresidente Francisco Camps escenificó en febrero de 2008 la firma del protocolo con la Universitat Politècnica de València (UPV) para la adquisición de la superfície de 30.000 metros cuadrados correspondiente a la ampliación. Pero el texto terminó quedando en papel mojado cuando la institución educativa denunció el incumplimiento de los compromisos de pago por parte de la Generalitat.
Casi trece años después, el comienzo de los trabajos está a un paso de hacerse por fin realidad. Después de desatascar el proyecto, el Consell tiene previsto presentar sus planes esta próxima semana, una vez Patrimonio ha autorizado el derribo de las naves anexas al edificio principal de la vieja escuela de Ingeniería Agrícola.
Detrás de aquel acto público de 2008 de consecuencias fallidas estaban los tentáculos de la red corrupta montada por Francisco Correa y Álvaro Pérez «El Bigotes». Según concluyó la instrucción judicial, en la etapa de Manuel Cervera como conseller de Sanidad se abonaron de forma presuntamente indebida a través de la caja fija cuatro facturas por conceptos similares con el importe límite de los 12.000 euros -el tope para evitar sacar un servicio a concurso- relativas al acontecimiento orquestado para publicitar la ampliación del Cínico.
El «centrifugado de facturación» fue la práctica escogida para no levantar sospechas: la trama Gürtel fue cobrando de varios departamentos de la administración autonómica, en ocasiones hasta varias veces por los mismos trabajos, para no acumular una excesiva facturación en un área.
Así, el por entonces director de la Agencia Valenciana de Salud, Luis Rosado (más tarde sería nombrado conseller), autorizó en mayo de 2008 el pago de 11.930 euros por los servicios de producción de sonido del vídeo que se proyectó en la presentación, mientras que la dirección general de Calidad y Atención al Paciente abonó a Easy Concep Comunicacion (filial de Orange Market) una factura de 11.542 euros en concepto de «diseño, idea y guión» de la misma grabación. La directora general de Asistencia Sanitaria autorizó otro pago de 11.875 euros por el «alquiler del equipo de grabación, el fondo, la iluminación, la cámara, el sonido, el maquillaje, el operador de cámara y el realizador» y el director de Farmacia y Productos Sanitarios abonó 11.832 euros por las azafatas, el personal auxiliar, el mobiliario y el soporte publicitario a Asimétrico Diseño y Comunicación, Sl, otra empresa vinculada al grupo de Orange Market.
En total fueron cerca de 50.000 euros en servicios troceados que forman parte de los 82 contratos menores por valor de 7,2 millones de euros por los que la Audiencia Nacional enjuiciará en fechas venideras a Francisco Camps, a tres exconsellers -Rosado, Cervera y Alicia de Miguel- y a 23 acusados más, entre altos cargos y técnicos de la Generalitat -como el exdirector de Asistencia Sanitaria Rafael Peset- por el presunto trato de favor a la sucursal valenciana de la Gürtel entre 2004 y 2009.
La pieza 5 -en la que está personada la Generalitat para intentar recuperar 250.000 euros presuntamente defraudados- es la última de la rama valenciana del caso que queda por juzgar y salpica a siete consellerias y organismos públicos como Vaersa, La luz de las Imágenes o Proyectos Temáticos.
Respecto a las facturas del Clínico, la instrucción concluyó que hubo una actuación coordinada entre Orange Market y la Conselleria de Sanidad para delinquir. «Las contrataciones son pluralmente irregulares, coordinadas y dirigidas por alguien superior a la dirección general», mantuvo el juez José Ceres en su auto de procesamiento, que se remonta a 2014. Con posterioridad, la pieza se reabrió para imputar a Camps tras las declaraciones que inculparon al exjefe del Consell en el juicio por delito electoral contra la cúpula del PPCV.
30.000 m2 más de superfície
La Generalitat retomó en 2017 el plan de ampliar en 30.000 m2 el Clínico, con la adjudicación de los proyectos y la firma de un nuevo convenio con la UPV para la compra de la Escuela de Agrícolas por 14,5 millones, reservando un espacio de 750 m2 para labores de investigación de la universidad. El derribo de los anexos de Agrónomos se ha autorizado bajo la condición de que el nuevo edificio respete la tipología del fachada y mantenga los patios existentes, teniendo en cuenta la relevancia del entorno en el que se enmarca.
Las complejas obras del nuevo centro hospitalario constan de varias fases que se prolongarán durante una década, con una inversión que se estimó en su día en 50 millones de euros. Una vez terminadas, el número de camas aumentará de 533 a 709 y se crearán siete nuevos quirófanos.
