La Conselleria de Sanidad ha dado oxígeno a las diferentes oposiciones convocadas por la Generalitat Valenciana y que está previsto que arranquen los próximos 19 y 20 de diciembre. La celebración de las pruebas, a las que concurren cientos de aspirantes en diferentes convocatorias, había suscitado numerosas dudas desde el ámbito sindical por las restricciones sanitarias decretadas para evitar concentraciones de personas.
La resolución del pasado seis de noviembre de Sanidad sobre la celebración de eventos o actividades no excluía los exámenes para acceder a una plaza de empleo público en la Generalitat, pero el pasado cinco de diciembre, el departamento que dirige Ana Barceló cambió de criterio y en su resolución, al establecer los límites respecto a eventos multitudinarios, indica expresamente que «no tendrán consideración de eventos y actividades a efectos de este punto, la celebración de pruebas selectivas o exámenes realizados por organismos oficiales o centros educativos».
Espaldarazo a Justicia
La nueva directriz supone un espaldarazo a los planes de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, reacia desde el principio a aplazar las pruebas por el nuevo estado de alarma y el incrementode casos de contagio.
Diferentes sindicatos, entre ellos UGT, ha requerido en varias ocasiones a Función Pública para aplazar los exámenes, pero este departamento quiere mantener el calendario. La conselleria descartó en su momento medidas más drásticas como las adoptadas en su día por la Junta de Andalucía que en pleno rebrote de contagios optó por aplazar las oposiciones.
La conselleria ha puesto en marcha un protocolo muy estricto sobre las oposiciones en tiempos de covid. La idea es evitar las concentraciones a las entradas y salidas. Además, se prevé que aquellas personas aspirantes que estén contagiadas o confinadas por coronavirus y puedan certificarlo tendrán la opción de presentarse en próximas fechas.
La resolución del pasado 6 de noviembre de Sanidad impedía cualquier evento o actividad multitudinaria y se establecía que cualquier acto con una afluencia de más de 400 personas debía contener un informe sobre la evaluación de riesgo. Ahora, las oposiciones se suman a otras excepciones, lo que, en principio, da más facilidades.
UGT, sin embargo, no lo ve claro e insiste en que Sanidad debe realizar un informe estableciendo cuáles serían las medidas y límites adecuados para tales situaciones. Las pruebas, que arrancan el 19 de diciembre, para cubrir plazas de personal funcionarial del grupo A1, reunirán solo en València a más de 1.150 personas. De momento, Función Pública no ha respondido a las peticiones del sindicato.
Por otro lado, la Conselleria de Justicia hizo pública ayer una resolución del director general de Función Pública en la que da publicidad al pacto de la mesa sectorial que regula un mecanismo excepcional de provisión de puestos de trabajo para personal funcionario en tiempos de covid. Se trata, tal como adelantó este diario, de una vía que se ha abierto el Consell para poder acudir a las listas del paro de Labora para contratar personal en el caso de que las bolsas de empleo estén agotadas.
El primer acuerdo de este tipo se adoptó en el primer estado de alarma, en pleno confinamiento, y ante las necesidades urgentes de la Generalitat para contratar a personal de atención sociosanitaria. Función Pública considera que la pandemia no puede considerarse superada y persisten las circunstancias extraordinarias.
Apunta que sigue habiendo necesidades de personal y que los proceso de elección de las bolsas de empleo temporal se han visto afectados. La resolución ciñe este mecanismo de excepción al sector de las tecnologías de la información, prevención de riesgos laborales, el ámbito socio-sanitario, el educativo, seguridad, emergencias y salud pública. Este acuerdo tiene la firma de todos los sindicatos (CSIF, CC OO e Intersindical), pero no de UGT que en su momento criticó que esta vía sirva también para cubrir puestos vacantes.
