Carlos Mazón, a este paso, va camino de tener agenda propia en València. A medida que pasan las semanas, el presidente de la Diputación de Alicante va ganando visibilidad también en la Comunitat Valenciana. Este movimiento interno que cuenta con el aval de Génova no es una cuestión menor: Mazón tiene hilo directo con Pablo Casado y Teodoro García Egea y su estrategia pasa por ganar visibilidad y consolidar su influencia, sin esperar a que se convoque el congreso regional para el que, dicho sea, Isabel Bonig ya se ha postulado.
La estrategia de Carlos Mazón pasa por impulsar la labor de fiscalización que está haciendo al presidente de la Generalitat, Ximo Puig y, a su vez, multiplicar sus actos en València en los que no deja de mantener contactos con dirigentes autonómicos, empresarios y periodistas. Esta semana acudió al Palau a un encuentro con Ximo Puig para concretar un nuevo paquete de ayudas a la hostelería y el jueves fue al acto en memoria del profesor Manuel Broseta, asesinado por ETA el 15 de enero de 1992. Su liderazgo provincial es indiscutible gracias, en parte, a que el poder institucional que ostenta en la diputación le sirve de trampolín para convertirse en estilete contra las políticas del Consell. Aunque siempre alicantiniza su mensaje nunca corta amarras con València.
Su portavocía en la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) es un cargo que le abre camino para mantener contactos con los alcaldes de la Comunitat Valenciana.
La última decisión de Mazón ha sido pedir comparecer en las Corts Valencianes para presentar enmiendas al proyecto de ley regulador del Fondo de Cooperación Municipal, uno de los principales puntos de fricción entre las dos instituciones. Un paso que hay que ver si acaba cuajando, pero que, en cualquier caso, no debe sentar bien ni a Puig ni mucho menos a Bonig.
El dirigente provincial va a cursar la solicitud para intervenir en el Parlamento autonómico y defender la autonomía y el principio de autogobierno de la Diputación de Alicante. Pedirá, además, que la adhesión a este mecanismo de financiación local, por el que la diputación debería destinar 13,7 millones de euros a los ayuntamientos, sea de carácter voluntario y que los criterios de reparto primen a los municipios de menor población con menos recursos, al igual que ha establecido la institución provincial en el plan denominado +Cerca que ha contado con el visto bueno de todos los grupos políticos.
